El Ministerio del Interior ha solicitado al Ayuntamiento de San Bartolomé renovar la cesión de suelo en Montaña Mina, que el Consistorio entregó para la instalación de una estación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), mientras que en el Congreso se han presentado varias iniciativas que cuestionan su eficacia en la Isla.

La primera cesión para la estación de Montaña Mina se produjo en el año 2006 y se renovó en 2016. Este miércoles entró en el Ayuntamiento la solicitud para renovar la cesión del suelo que ocupa la estación del SIVE, unos 232 metros cuadrados.

El general jefe de la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, Luis Pérez Martín, señala en la solicitud que “la estación sensora” en Montaña Mina “continúa operativa” y es de “interés para el despliegue fijo del programa SIVE” en la Isla.

Además, el general recalca que la estación de Montaña Mina es de relevancia “para los intereses de seguridad pública del Estado”, por lo que pide autorización al Ayuntamiento de San Bartolomé para renovar la cesión de suelo, de forma gratuita. El asunto se abordará en el pleno municipal del próximo lunes.

La eficacia del Sistema Integral de Vigilancia Exterior desplegado en Lanzarote se ha puesto en tela de juicio en los últimos meses, por la llegada de pateras que no han sido detectadas. En el Congreso se acumulan cuatro iniciativas de PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canarias en las que se cuestiona por el SIVE en la Isla.

La diputada Celia Alberto destaca “el evidente aumento en los últimos meses de migrantes de forma irregular” y considera “necesario” revisar los protocolos de coordinación y “fijar el mapa de recursos de los que se dispone para estar preparados ante una posible crisis migratoria similar a la que se produjo entre 2004 y 2006, que supuso la llegada de 50.000 personas procedentes del continente africano a las Islas Canarias”.

Por su parte, el diputado nacionalista Pedro Quevedo ha preguntado al Gobierno si el Ministerio del Interior estudia “la posibilidad de establecer una sede permanente del SIVE en la isla de Lanzarote, dotada con embarcaciones que evite tener que enviar patrulleras desde la isla de Fuerteventura, tal y como ocurre en la actualidad”.

El diputado Saúl Ramírez, de Ciudadanos, pregunta las causas de que “no se detecten las embarcaciones que se acercan a la costa de Lanzarote y que son el fin principal del SIVE”. También pide conocer el importe de fondos destinado al mantenimiento y reparación del sistema de vigilancia en la Isla y el “estado operativo actual de cada uno de los elementos” que lo conforman.

El pasado mes de octubre trascendió que se había comprado un radar para el SIVE, por seis millones de euros en 2015, y que todavía no se había procedido a su instalación. En principio, se colocaría en el Risco de Famara para la cobertura de la zona norte de la Isla, precisamente la ruta principal en los últimos meses de las pateras que llegan a Lanzarote.