El Ayuntamiento de Haría dará prioridad a un acuerdo negociado con el Cabildo que ponga fin al litigio que mantiene con la institución insular en torno a la Cueva de los Verdes, según ha puesto de manifiesto tras la reunión mantenida con representantes de la corporación local y la abogada encargada de asesorar al Consistorio en esta fase del proceso judicial, Margarita Rosa Robayna.

Según ha informado el Consitorio, en estos momentos se está a la espera de recibir comunicación oficial del Juzgado número 5 de Las Palmas, notificando la firmeza de la sentencia y el inicio del periodo de ejecución voluntaria.

Una vez producido este momento de notificación, el Ayuntamiento norteño se mantendrá a la espera de una fórmula que valide la ejecución de la sentencia.

El grupo de gobierno de Haría (CC y Somos) señala que mantendrá "como mejor forma de resolver el conflicto la negociación, el respeto institucional y la unidad de explotación, siempre a través del diálogo entre dos administraciones que deben tener altura de miras y responsabilidad social".

A la reunión informativa estaban invitados todos los concejales de la corporación municipal, así como la secretaria-interventora, realizándose un repaso histórico del procedimiento desde sus antecedentes y fases por las que ha pasado hasta llegar al momento actual, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictaminado el archivo del recurso presentado por la primera Institución de la isla, lo que abre una situación procedimental distinta.

Desde el punto de vista procesal, tras el dictado de la sentencia por el TSJC, dando por terminado el recurso de apelación, es el Juzgado que ha dictado la primera sentencia, el Juzgado contencioso-administrativo número 5, el competente para la ejecución al haber conocido del asunto en primera instancia, según indicó el Ayuntamiento norteño.

Será este Juzgado el que comunicará formalmente a las partes, a través de sus respectivas representaciones procesales, la firmeza de la sentencia, a fin de que, la parte condenada, recibida la comunicación, "la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo".

Transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. El Ayuntamiento señaló que la acción ejecutiva caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia.