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Guerra abierta por el Islote del Francés: los propietarios rechazan el deslinde de Costas y el Ministerio prevé 100 metros de protección

Los nuevos límites de protección de Costas impedirían los planes especulativos en este privilegiado espacio, donde se planteaban más de 400 viviendas en el nuevo PGO

Saúl García 8 COMENTARIOS 07/06/2021 - 06:41

La disputa por el Islote del Francés sigue viva. El Ministerio para la Transición Ecológica prevé mantener, en principio, las condiciones del nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre y, de forma específica, la zona de servidumbre de protección de 100 metros, lo que en la práctica impediría el desarrollo urbanístico que anhelan los propietarios del islote.

Por su parte, los dueños de los terrenos acaban de solicitar a la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar que el nuevo deslinde que marca la línea del dominio público marítimo terrestre en esa zona privilegiada de Arrecife salga de nuevo a información pública. Los propietarios sostienen que el deslinde no está justificado y que se produce una modificación “sustancial” del anterior, que se fijó de forma provisional en el año 2019.

Los titulares del suelo hacen estas afirmaciones dentro de las alegaciones presentadas este pasado mes de mayo al acta de apeo del islote. Proponen una delimitación alternativa porque la actual, dicen, “ha sido modificada de manera manifiestamente infundada y con carácter sustancial”.

El apeo es el acto que marca la línea del nuevo deslinde sobre el terreno. A partir del deslinde hacia el mar se configura el dominio público marítimo terrestre, que es la zona de tierra que no puede tener carácter privado, mientras que desde la línea del deslinde hacia tierra se calcula la zona de servidumbre, que puede ser una franja de 20 metros, si se trata de zona urbana, o de 100 metros, si no tiene esa condición. Y esa es, en realidad, la gran discusión sobre el islote.

El nuevo deslinde de Costas se sigue tramitando en base a un informe del Ministerio para la Transición Ecológica del año 2018, que marca la zona de servidumbre en 100 metros, lo que impediría, en la práctica, construir viviendas u hoteles en todo el islote, o ampliar el volumen, altura o superficie de las edificaciones existentes, que se reducen a una antigua nave en ruinas de la fábrica conservera de pescado.

El Ministerio dice que el suelo no era urbano cuando se aprobó la Ley de Costas

Esos 100 metros harían también que el precio del suelo fuera mucho menor que si fuera urbano y la franja de servidumbre fuera solo de 20 metros. El borrador del Plan General de Arrecife, aún no aprobado, contemplaba levantar unas 405 viviendas, edificios de siete plantas de altura y una edificabilidad de 69.434 metros cuadrados.

Todas esas previsiones, con la decisión de Costas, se han esfumado. En sus recientes alegaciones, los propietarios dicen que se acogen al Reglamento de Costas, que señala que si la propuesta provisional del deslinde supone una modificación sustancial, debe someterse a un nuevo periodo de información pública.

Consideran que si no se hiciera así “se estaría incurriendo en un vicio invalidante del deslinde que finalmente resulte aprobado, generando una grave indefensión” que podría determinar su nulidad. Llegan a señalar que la modificación planteada por Costas no responde “a criterios técnicos razonables” e, incluso, consideran que se ha producido una presunta desviación de poder.

La delimitación de Costas se puede revisar en aquellas zonas donde la realidad física ha experimentado algunos cambios. La propiedad, por su parte, considera que esa revisión de la franja no puede llevar, en ningún caso, al cambio de la servidumbre de 20 a 100 metros. Para reforzar sus alegaciones presentan varios documentos. Uno de ellos es el informe técnico emitido por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Francisco González González-Jaraba.

La base de la discusión es si el islote tenía carácter urbano antes de que entrara en vigor la Ley de Costas de 1988. Los propietarios presentan un informe de parte que concluye que sí. Sin embargo, el estudio del Ministerio de 2018 determinaba que, tras analizar toda la documentación, los terrenos resultaban clasificados como suelo urbanizable.

Los propietarios de los terrenos presentan alegaciones al nuevo deslinde

Para Costas, el deslinde anterior, previo a la Ley de 1988, “no se considera conforme a la vigente normativa de Costas, por cuanto pudieran existir bienes con características de dominio público marítimo terrestre no incluidos en el mismo”.

La nueva línea del deslinde incorporaba, en marzo de 2020, la delimitación hacia el lado de la ribera del mar. Primero se hizo una propuesta provisional, dibujada en un plano, y en abril se marcó sobre el terreno. La propuesta provisional se sometió a información pública en octubre de 2019 y en marzo de 2020. “Se ha cambiado por completo el deslinde propuesto en julio de 2019”, concluye el informe encargado por los propietarios.

Según ese informe, se parte de un nuevo punto que no coincide con ningún mojón propuesto anteriormente, “metiéndose más en el lado tierra”. También señalan que se recorta hacia tierra en otros mojones “sin plantear una mínima explicación de dichos cambios”.

Naturaleza del suelo

El deslinde del Islote del Francés se aprobó por orden ministerial en 1965 y de nuevo en 1970. El informe de junio de 2018 del Ministerio califica los terrenos como urbanizables, mientras que la sociedad propietaria insiste en su carácter urbano porque así lo fijaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 1993, cuyo ponente fue Rafael Fernández Valverde.

A la entrada en vigor de la Ley de Costas, el suelo estaba calificado como “suelo de reserva urbana”, de acuerdo con el Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife de 1969. En la memoria del Plan General de 1991 se decía lo mismo, que era suelo de reserva urbana, no suelo urbano. Los propietarios alegan que el islote tenía los servicios básicos y que en ese Plan General se debería haber incluido los terrenos como urbanos, y que en ese criterio se basó el TSJC.

El criterio de Costas impediría construir 400 viviendas como estaba previsto

También recuerdan que en la Adaptación Básica del PGO de 2003 sí que contemplaba ya el suelo como urbano consolidado, a pesar de que ese instrumento legal no tenía la potestad de cambiar la calificación del suelo.

Por último, los propietarios del islote argumentan en su favor que, en varias ocasiones, la arquitecta municipal Lidia Sánchez Suárez, mediante certificaciones e informes técnicos urbanísticos, ha reconocido el carácter de suelo urbano consolidado.

No obstante, hay otro informe de la Oficina Técnica de Arrecife que destaca que en los vuelos aéreos realizados antes de la Ley de Costas de 1988 “se aprecia claramente que los terrenos en cuestión constituían un espacio sin urbanizar”.

También resalta la ausencia de los servicios que definen el suelo urbano: no contaba “con abastecimiento y evacuación de aguas, ni suministro de energía eléctrica, ni acceso rodado, ni pavimentación de calzada, ni encintado de aceras, ni alumbrado público”.

El Ministerio se pronunció de forma rotunda cuando tuvo que emitir hace tres años un informe sobre el Plan General de Arrecife: el Islote del Francés “se localiza totalmente en terrenos de dominio público marítimo terrestre”. La utilización del dominio público “será libre, pública y gratuita”.

Episodio “descarado”

En sus alegaciones, los propietarios califican este nuevo deslinde como una maniobra y “un nuevo y descarado episodio en lo que ha venido a convertirse en una práctica habitual, intentada en repetidas ocasiones, como efectiva maniobra que responde únicamente a intenciones ambiciosas, principalmente del Ayuntamiento de Arrecife, administración obligada por sentencia firme a obtener por expropiación el sistema general sin poder adscribirlo como ilegalmente pretende a través del vigente instrumento de planeamiento indirectamente (…) en un vano intento de desvalorizar la propiedad para minimizar el justo precio que debe corresponder a esta valiosa propiedad”.

La Comisión de Valoraciones de Canarias ya rechazó la petición de los propietarios del suelo de que se fijase un justiprecio para la expropiación. Llegaron a pretender el cobro de más de 210 millones de euros. La reclamación en vía administrativa cayó en saco roto y anunciaron un pleito judicial. Y el futuro del Islote del Francés, con el nuevo deslinde sobre la mesa, se encamina de nuevo a los tribunales.

CABILDO Y AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE NO PRESENTAN ALEGACIONES PESE A SU IMPORTANCIA


En verde, nueva servidumbre de protección.

Ni el Cabildo de Lanzarote ni el Ayuntamiento de Arrecife, como instituciones interesadas, acudieron al acta de apeo y tampoco han presentado alegaciones al respecto. Solo presentaron alegaciones dos sociedades, y son idénticas: Inversiones Islote del Francés y Club de Golf El Cortijo.

Desde finales del siglo pasado, la cara visible de la propiedad del islote fue el empresario grancanario Jaime Cortezo, que falleció en septiembre del año pasado. Cortezo poseía la mitad de los terrenos, y la otra mitad es de la familia Lamberti, antigua propietaria de la fábrica de pescado La Rocar, que se instaló en ese suelo a mediados de los años cuarenta.

Inversiones Islote del Francés SL es la sociedad propietaria del terreno, y pertenece en un 50 por ciento a Club Golf El Cortijo SL, en la que figura como administrador único Manuel Fernando Toledo Bermejo, abogado y economista, especialista en Derecho tributario y en el REF, experto en asesoramiento a grupos empresariales familiares y socio de la firma Montero Aramburu Abogados, de Las Palmas de Gran Canaria.

El resto pertenece a los herederos de Cortezo. El 49,99 por ciento es de Inversiones El Cortijo SL, cuyo administrador es su hijo, Javier Cortezo del Castillo, de 28 años, y el 0,01 por ciento es de Hoya Pozuelo SL, con el mismo administrador.

Comentarios

De verdad queremos ver edificios de 7 alturas en el Islote del Francés? No vamos a ser capaces de mantener suelo si especular en el litoral de Arrecife? Para el político y el empresario el medio ambiente se mide en función de la rentabilidad en €. No han entendido nada! La conservación del medio ambiente no tiene por qué ir acompañada de una rentabilidad. Es conservar por mantener el equilibrio y la vida en el planeta, no el balance positivo en las cuentas corrientes!
¿405 viviendas solamente? Hagan 3000 si eso, estamos locos o que, eso no es zona para hacer viviendas es para el auditorio.
Esa zona no me parece lugar para hacer viviendas con altura de 7plantas, quedaría mucho mejor zonas verdes, el auditorio y un palacio de congresos y espectáculos, que buena falta hace en la isla.
¿Qué importa la edad del administrador?
Si el Islote llegara a ser declarado de dominio público no se podría construir nada y más allá de las ocurrencias de cada uno creo que habría que convocar a arquitectos de todo el mundo a un concurso de ideas para ordenar el Islote y su entorno que es un desastre.
Hacer casas ahí es un disparate, una zona que si se arregla y con un buen proyecto sería una maravilla. En Maneje pueden hacer 20 pisos de 7 plantas si quieren. Esa es la zona perfecta para el auditorio o recinto ferial para conciertos y actos. Normal que quieran qur costas traspase las competencias con la de especuladores que hay.
Dejen construir algo bonito ahi..hay gente qie prefiere tener eso como esta abandonado y feo. Dejen que hagan algo que sea bonito beneficioso para la ciudad!!
"Los propietarios rechazan"... ni que tuvieran potestad para rechazar eso...

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