La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Elena Solís, asegura que se está planteando la posibilidad de limitar el número de nuevas autorizaciones para actividades en los espacios naturales protegidos de la Isla hasta que el departamento no cuente con los recursos y herramientas necesarios.

Solís destaca que el área tiene “un grave problema heredado que tiene que ver con la falta de recursos humanos y con la sobrecarga en cuanto a procedimientos administrativos”.

De hecho, un porcentaje muy alto de los técnicos del departamento se ocupa de tramitar autorizaciones para actividades en el medio natural, desde una carrera ciclista hasta un rally o, incluso, autorizaciones para rodajes.

“Veo la necesidad de sistematizar procedimientos y establecer criterios claros a la hora de procesar el enorme volumen de expedientes que se registran. La gestión actual de los espacios naturales protegidos en Lanzarote está muy lejos de ser suficiente para garantizar un buen estado de conservación a largo plazo”, señala Solís.

“Estamos inmersos en la permanente urgencia y no hay espacio suficiente para dedicarlo a planificar la mejor estrategia para abordar muchos de los principales problemas ambientales que afectan a Lanzarote. Por ejemplo, aunque sabemos que muchos espacios se encuentran al borde del colapso, tenemos problemas a la hora de determinar cuánta presión son capaces de soportar sin comprometer su recuperación”, asegura Solís.

El Parque Natural de los Volcanes sería uno de los ejemplos más claros. Solís anuncia que se va a iniciar, con el apoyo del Gobierno de Canarias, un estudio de capacidad de acogida que permitirá organizar mejor su uso, ya que no tiene Plan Rector de Uso y Gestión, así como un proyecto de restauración de este espacio natural protegido para revertir su degradación, en este caso, aprovechando financiación europea.

Otro ejemplo sería en La Graciosa, donde, como resultado del estudio de carga encargado, se podría limitar, según dice la consejera, el número de pasajeros diarios. La consejera no electa, nombrada por Podemos tras su entrada en el pacto a finales de diciembre, señala que le preocupa la inacción en algunos de los lugares relevantes desde el punto de vista ecológico, como el Jable y los Riscos de Famara: “Estamos centrando nuestro trabajo hacia la reducción de las amenazas en estos espacios para que se recuperen”. Destaca el grave impacto en la biodiversidad que ocasionan las cabras asilvestradas en el Risco y cree que la toma de decisiones debe basarse en el criterio científico.

Respecto al jable, señala que lleva ya tiempo agonizando por varios motivos. Por un lado, porque la flora en peligro de extinción está siendo pisoteada por las ruedas de los coches y arrancada y utilizada para hacer hogueras y, por otro, “porque las colas de vehículos en la playa de Famara no solo son insufribles para los habitantes y los propios visitantes, sino que afectan al tránsito dunar y comprometen el futuro del Jable, que es el principal hábitat de una de nuestras especies más amenazadas, la hubara canaria”.

“Para mí supone una absoluta prioridad la búsqueda de una solución”, asegura la consejera. El área de Medio Ambiente ha iniciado un proceso participativo para Famara y ha encargado un estudio de diagnosis de los impactos que sufre y una propuesta de ordenación del espacio natural protegido.

En cuanto a la soberanía alimentaria, el área ha iniciado dos proyectos: un centro agroecológico comunitario y un centro de conservación de la cultura campesina, para conservar semillas tradicionales, entre otras cuestiones. En este sentido, en cuanto al paisaje, la consejera señala que se actuará en todos los municipios a través de planes de empleo “verdes”.

Renovables

“En Lanzarote ha empezado a morder la amenaza de un tsunami de aerogeneradores y placas solares, como ya viene sufriendo Fuerteventura y muchas zonas de la Península”, señala la consejera, que cree que se está implantando un modelo energético equivocado: “altamente financiarizado, a gran escala y promovido por las mismas compañías energéticas de siempre”, frente a otro modelo al que hay que aspirar, “democrático, a pequeña escala, desde nuestros hogares o pequeñas cooperativas, unido a un sistema de ahorro y eficiencia energética”.

“El principal problema con el que se enfrenta Lanzarote es la falta de planificación territorial en relación a este tipo de infraestructuras, por lo que es un reto para el Cabildo resistir una ola indiscriminada de proyectos”, apunta, aunque también destaca “el abuso de la declaración de interés publico general” para estos proyectos. “Debemos retar la constitucionalidad de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario, al ser una intromisión ilegítima en la autonomía local”, resalta.

Bienestar animal

Por otro lado, la consejera señala que el Cabildo de Lanzarote debe tener una Oficina insular de bienestar animal “y trabajar para convertirse en una herramienta fundamental que sirva de apoyo a los ayuntamientos, asociaciones protectoras y demás entes relacionados con los animales”.

“Debemos contar con una Oficina de bienestar animal que apoye a otras entidades”

Solís cree que uno de los puntos a mejorar en este aspecto es la coordinación, colaboración y gestión de todos los recursos públicos en ese campo y tender hacia la mancomunidad de servicios municipales de recogida y acogida de animales, gestión de las colonias de gatos desde un punto de vista insular, campañas continuas de educación y sensibilización y un trabajo activo con los albergues municipales, protectoras de animales y el voluntariado.

Jaulas marinas

En relación a la celebración de los rallies de coches, Solís destaca que es su obligación -“como lo hemos hecho”- imponer todos los condicionantes necesarios para que un rally se celebre de la manera menos impactante posible, pero señala que el Área de Medio Ambiente tiene competencias solo si afecta a zonas que estén catalogadas como espacio natural protegido y donde haya especies en peligro.

La consejera asegura que ha requerido al Ayuntamiento de Yaiza para que informe sobre el estado de las licencias de acuicultura “que supuestamente han caducado en Playa Quemada, para considerar qué acción tomar”, mientras que desde la presidencia del Cabildo se ha señalado que lo relacionado con el Plan de acuicultura es una competencia de la Consejería de Agricultura y Pesca.

“Aun así, y dado el impacto potencial medioambiental y bajo el principio de buena cooperación entre las consejerías, he solicitado acceso al expediente, dada la necesidad urgente de recurrir el PROAC (Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura), como lo han hecho el Ayuntamiento de Tías y la Cofradía de pescadores de La Tiñosa”, señala la consejera.