El Tribunal Supremo ha descartado la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife, que entró en vigor en el año 2004, por fijar la obtención para uso público de 36.903 metros cuadrados en el barrio de Altavista al desarrollo del polígono industrial de Tenorio, donde se compensa a los propietarios del suelo.

La reciente decisión del Supremo es un capítulo relevante en el enfrentamiento judicial entre el grupo empresarial Fabrecar, Tamicar y Rosario Cabrera Tavío e Hijos, vinculado a herederos del conocido como ‘cabo Pedro’, con el Ayuntamiento de Arrecife.

Entre otras propiedades, las empresas han reclamado ante la Justicia la titularidad del campo de fútbol de Altavista y de los dos centros educativos que están a ambos lados de la instalación deportiva. Llegaron a tener a su favor un acuerdo de la Comisión de valoraciones que obligaba al Ayuntamiento a pagar más de ocho millones, pero fue anulado por los tribunales.

En el último pleito, las citadas compañías reclamaron al Ayuntamiento que revisara el Plan General de Ordenación y que anulase la adscripción a Tenorio de dos bolsas de suelo para uso público (14.070 metros cuadrados en Altavista, que están sin construir, para uso sociocultural y administrativo, y otros 22.833 metros, donde se encuentra el campo de fútbol del barrio).

El Tribunal desestima una reclamación para eliminar la adscripción de 36.900 metros de uso público que el Ayuntamiento obtendría compensando en el polígono de Tenorio

Mediante esta fórmula, el Ayuntamiento puede conseguir suelo para uso público compensando a los propietarios en otros sectores urbanizables. Las empresas querían que el Ayuntamiento reconociese un “grave error” en el Plan General, que lo cambiase, y que estableciese que las citadas piezas de suelo eran urbanas consolidadas, abriendo la posibilidad a reclamaciones millonarias y obligando al Consistorio a expropiar. Alegaban que la “adscripción” era “ilegal” y que imposibilitaba “técnica y económicamente el desarrollo” del polígono de Tenorio.

En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tuvo en cuenta el argumento dado por el Ayuntamiento de que habían tardado ocho años para emprender acciones legales, que no recurrieron en su momento el Plan General y que se ha “iniciado el procedimiento de revisión” del planeamiento municipal, en el que las empresas tendrán “la posibilidad de alegar” cuanto les “convenga”.

Las empresas quisieron presentar un recurso a la sentencia del TSJC, pero el tribunal consideró que no había razones para elevarlo al Supremo. Presentaron entonces un recurso de queja, que ha sido desestimado ahora por el Supremo.