El Supremo juzgará el 12 de marzo al senador Pedro San Ginés por denuncia falsa en el caso de la empresa Climafrical
Fiscalía solicita un año y medio de presión para San Ginés, quien ha reiterado sobre este procedimiento judicial que tiene “total tranquilidad”
El Tribunal Supremo juzgará el próximo 12 de marzo al senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (Coalición Canaria), a quien la Fiscalía pide un año y medio de prisión por presuntos delitos de falso testimonio o acusación y denuncia falsa.
El procedimiento se inició por la denuncia de la familia del empresario Antonio González, ya fallecido, de la empresa Climafrical, que estuvo investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo), en un caso que luego terminó archivado.
San Ginés compareció en 2009 ante la Guardia Civil, pocas semanas después de acceder a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, para denunciar esas presuntas irregularidades que afectaban al entonces consejero del PSOE, Carlos Espino, el denunciante del 'caso Unión', la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en Lanzarote.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife decretó en septiembre de 2022 la apertura de juicio oral y la Fiscalía llegó a pedir una condena de año y medio de prisión para San Ginés por considerar que faltó a la verdad en una causa criminal.
Cuando el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife iba a celebrar el juicio, tuvo que elevarlo al Supremo por la condición de aforado del senador, que adquirió en julio de 2023, al nombrado para tal responsabilidad por el Parlamento de Canarias (senador autonómico).
Una vez en el Supremo, en abril de 2024, el instructor Vicente Magro decidió archivarlo, pero un año después la Sala de lo Penal anuló esta decisión al estimar los recursos de la Fiscalía y la acusación; y un mes después el magistrado ordenó su procesamiento.
La Fiscalía pide un año y seis meses de prisión además de multa de 4.050 euros, mientras que la acusación particular lo eleva a tres a tres años de cárcel y 5.400 euros de multa.
El pasado septiembre, San Ginés dijo que encarará el juicio con "total tranquilidad" porque cree que quedará de manifiesto que el origen es un "error" de la fiscalía.
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