El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia, ya firme, en la que declara ilegal la denegación por parte del Gobierno de Canarias para que se implantase un establecimiento de alimentación de ‘descuento duro’ en Arrecife.

La solicitud partió de la cadena Lidl, que se tuvo que terminar instalando en la capital de la Isla con un establecimiento normal, aunque pretendía inplantarse bajo la modalidad de ‘descuento duro’, en la que se venden pocos productos a bajos precios.

La Consejería regional de Comercio denegó la petición de licencia comercial específica a la cadena en mayo de 2007, por lo que se inició una batalla legal que ha concluido ahora con la resolución del Tribunal Supremo.

Con anterioridad, en 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había resuelto a favor de la empresa. Un criterio que se ha mantenido a pesar del recurso del Gobierno, que ni siquiera fue contestado en el Supremo por la empresa.

El Supremo señala en su sentencia que el Gobierno de Canarias basó su negativa a otorgar la licencia en el informe encargado de manera directa a una consultora, sin procedimiento de selección previo, algo que considera irregular.

El tribunal apunta que “no pueden escaparse los notables intereses económico en juego” y considera que el Gobierno “debió haber procedido a convocar el oportuno proceso de selección” para asegurarse que la consultora era “la más capacitada”.

El dictamen externo en el que se basó la negativa del Ejecutivo regional aseguraba que se produciría una “destrucción de empleo” en el supuesto de que Lidl abriese en Arrecife un establecimiento de ‘descuento duro’.

El Gobierno encargó 'a dedo' un informe que decía que se destruiría empleo

Por su parte, la cadena de alimentación opuso otro informe en el que se concluía que con la apertura los consumidores serían “los grandes beneficiados”, que el comercio “tradicional” no se vería afectado y que “las grandes cadenas podrían ser las más perjudicadas”.

No obstante, consideraba que el perjuicio no sería tan elevado y que les quedaría “suficiente margen comercial para no reducir sus puestos de trabajo”. También sostenía “que los agricultores, industriales y productores” incrementarían “su poder de negociación”.