TRIBUNALES

El segundo juicio de La Bufona se celebrará en noviembre

El primer juicio se celebró en 2016 y la condena se ratificó dos años más tarde, pero la Audiencia ordenó que se debía repetir para emplazar a los dueños de 14 viviendas

Saúl García 1 COMENTARIOS 09/05/2022 - 19:05

El segundo juicio del caso La Bufona ya tiene fecha. El Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife ha fijado cuatro sesiones: el 14, 15, 21 y 22 de noviembre de este año.

El primer juicio se celebró en 2016 y la condena se ratificó dos años más tarde, pero la Audiencia ordenó, dentro de un incidente de ejecución de la sentencia, que se debía repetir porque durante la instrucción, que duró 15 años, no se emplazó al procedimiento como posibles responsables civiles subsidiarios a los propietarios de las 14 casas, que tras la sentencia pasaron a ser perjudicados porque obligaba a la demolición de lo construido en terreno rústico: pérgolas, piscinas, edificaciones adosadas a las viviendas, muros o terrazas.

Un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y los propios promotores de la urbanización condenados señalaban a estos propietarios como los responsables de haber construido sin licencia sobre ese tipo de suelo rústico de protección ecológica. Durante la nueva instrucción del caso, los propietarios ya han sido llamados a declarar y aparecen como responsables civiles subsidiarios.

La jueza que debía haber juzgado el caso, María Luisa Moreno Vera, del Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, decidió abstenerse de juzgar esta causa en abril de 2021 por la causa de abstención prevista en el número 9 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: por tener amistad o enemistad manifiesta con alguno de los intervinientes en el caso.  La magistrada Margarita Gómez, del Juzgado de lo penal 1, es la nueva responsable de juzgarlo.

En el banquillo se sentarán como acusados los promotores de la urbanización, Federico Echevarría y Antonio Caro, que ya fueron condenados a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, y al derribo de lo construido sin licencia, unos 250 metros cuadrados de media por cada casa.

El caso se inicia con una denuncia del Seprona en 1999 por los movimientos de tierras en suelo rústico de protección de jable. Primero se precintaron las obras pero después las casas se acabaron construyendo. En 2008 el caso pasó a procedimiento abreviado. El escrito de acusación de Fiscalía es del año 2011 y en 2016 se celebró la vista oral.

Vista satélite de la urbanización.

Sentencias previas

De forma paralela hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que afecta a las actuaciones de la Agencia de protección del medio urbano y natural que había ordenado también el derribo de lo construido sobre suelo rústico en 2012 afirmando, además, que es “manifiestamente ilegalizable”.

Esa sentencia dice que la Apmun no procedió a anular las licencias antes de decretar el derribo y, por tanto, anula esas actuaciones que no se contemplaban en la licencia otorgada por el Ayuntamiento, según rezaba la sentencia del Juzgado de lo Penal.

Hay otra sentencia más que también se incumple. En 2009, el Tribunal Supremo anuló la modificación puntual del plan parcial y por tanto, el único plan que queda vigente es el de 1981, que no ampara las 52 casas que se han construido, ni por número ni por tipología ni por dimensiones. El Ayuntamiento de Arrecife no ha ejecutado esa sentencia. Entre los propietarios de las casas, además de la actual alcaldesa, Ástrid Pérez, se encuentra el que fuera fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallares y el notario Celestino Mendizábal.

Comentarios

Gonzalo Murillo ha denunciando ante el Fiscal Superior de Canarias D. Luis del Río Montesdeoca, que la Jefatura de la Fiscalía en Canarias se podría estar comportando como una auténtica organización criminal dedicada a encubrir los delitos cometidos por el fiscal D. Miguel Pallarés Rodríguez, por la alcaldesa Dña. Astrid Mª Pérez Batista y por otros, en sus viviendas de La Bufona, al llamarlos al proceso como responsables civiles y no como responsables penales de delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, dado que técnicos del Gobierno de Canarias competentes en materia de ordenación del territorio han constatado que el fiscal D. Miguel Pallarés, Dña. Astrid Pérez y otros han promovido obras ilegales y clandestinas sobre suelo rústico de protección ecológica El Jable en sus viviendas sitas al norte de la C/ El Chabusquillo, y para mayor vergüenza de los máximos responsables de la institución que es el Ministerio Fiscal en Canarias, no conformes con encubrir estos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, se estaría premiando a los que violan impunemente el suelo rústico protegido permitiéndoles apoderarse ilícitamente del suelo rústico sobre el que han edificado ilegalmente, puesto que ninguno de los titulares de viviendas edificadas ilegalmente sobre suelo rústico en La Bufona al norte de la C/El Chabusquillo puede acreditar ser el titular de dicho suelo rústico, NO le han comprado a nadie el susodicho suelo rústico. Gonzalo Esteban Murillo Martín 42.857.881-A

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