El PSOE de Lanzarote ha acusado al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, de haber emprendido una "cacería judicial" contra la secretaria general de la formación en la isla, la diputada y expresidenta de la institución María Dolores Corujo, tras el acuerdo del Consejo de Gobierno insular de autorizar el ejercicio de acciones legales en relación con el denominado caso Sosa.

En un comunicado, el secretario de Organización del PSOE de Lanzarote, José Juan Cruz Saavedra, aseguró que Betancort "contrató a un director insular que nos cuesta casi 75.000 euros" para impulsar una denuncia política contra Corujo y sostuvo que la iniciativa judicial "ahora intentan reforzar desde el Cabildo".

"Se confirma que la denuncia interpuesta por David Monte era una denuncia política, que ahora pretenden reforzar desde el Cabildo. Era tan solo el primer paso de una estrategia encaminada a tratar de desactivar a nuestra candidata", afirmó Cruz, según recoge el comunicado.

El dirigente socialista también sostuvo que la decisión del Consejo de Gobierno de autorizar a Betancort a emprender acciones legales, con la abstención del Partido Popular y del consejero no adscrito Armando Santana, evidencia, a su juicio, que se trata de "una operación política" que responde a una estrategia de Coalición Canaria.

Asimismo, acusó al presidente del Cabildo de "tratar de ocultar el fracaso de su gestión con un procedimiento judicial contra nuestra compañera, haciendo un uso partidista de la justicia".

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote acordó esta semana emprender las "acciones legales oportunas en defensa de los intereses" de la institución después de que la Fiscalía de Arrecife apreciara indicios de criminalidad en el denominado caso Sosa y remitiera la investigación a la Fiscalía del Tribunal Supremo por la condición de aforada de Corujo como diputada autonómica.

Según el Cabildo, la decisión está vinculada a la defensa del patrimonio público insular ante el riesgo económico derivado de la utilización, en un procedimiento judicial, de un decreto firmado por Corujo durante su etapa como presidenta de la corporación.

Ese decreto fue aportado por el exconsejero Juan Manuel Sosa en el procedimiento contencioso-administrativo que mantiene para evitar la devolución de cerca de 300.000 euros al Gobierno de Canarias por las retribuciones percibidas como médico del Servicio Canario de la Salud mientras ejercía como consejero del Cabildo.

La Fiscalía de Arrecife apreció, en esta fase de la investigación, indicios de un presunto delito de prevaricación y señaló que no podían descartarse otros posibles delitos, como malversación de caudales públicos, falsedad documental o fraude a la Administración, si bien remitió las actuaciones al Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo al afectar los indicios a una persona aforada.