El empresario de la noche Evaristo González Reyes, uno de los principales investigados en el caso Corredor, junto con el alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC, Fernando Clavijo, se acogió a su derecho a no declarar y este martes no respondió a ninguna de las preguntas que pretendían formularle el juez, la Fiscalía o los abogados personados en la causa por delitos relacionados con la corrupción.

Por no responder, no respondió ni a su abogado, Santiago Martínez, convencido de que el caso Corredor será sobreseído y archivado por nulidad de todas las actuaciones, al desaparecer el auto judicial por el que se autorizó llevar a cabo escuchas telefónicas entre una veintena de sospechosos, que derivaron en la detención en 2012 de varias personas, entre ellas, el empresario.

De esta forma, lo que iba a ser una larga mañana de declaraciones, se resumió en más o menos, media hora. Según fuentes judiciales, Evaristo González manifestó que estaba convencido de que no había causa y de que llegado el momento en que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife resuelva los recursos presentados, entre otros, por él mismo, se dará carpetazo al asunto.

González Reyes está imputado por el juez de Instrucción número 1 de La Laguna, Cesar Romero Pamparacuatro, en los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, ya que pese a ser un particular, habría ofertado dinero para evitar los cierres de varios de sus locales de la noche lagunera, o habría influenciado para evitar expedientes sancionadores por incumplir los horarios de cierre, lo que ha supuesto las imputaciones por los mismo delitos del alcalde Clavijo.

A su vez, es el principal imputado en dos piezas separadas que han surgido durante la instrucción de este caso, y sobre las que tampoco quiso pronunciarse en la sede judicial, ambas por delitos relacionados con la Administración Pública.

Una de esas piezas es por posibles delitos en el patrimonio y en el orden socioeconómico, por falsedad documental y contra la Administración de Justicia, según recoge Pamparacuatro en su auto del 11 de noviembre pasado. La segunda pieza de la que Evaristo González es protagonista se apoya en un informe de la Policía Nacional de 9 de noviembre de 2011, en el que se detalla un posible fraude de más de 250.000 euros a la Seguridad Social en la contratación fraudulenta de trabajadores para sus establecimientos de ocio.

Mientras González Reyes se apoya en la inexistencia del auto inicial para llevar a cabo las escuchas telefónicas y tumbar todo el proceso, el juez ha abierto una pieza paralela por la desaparición del mismo de la que el empresario es, precisamente, el primer sospechoso, según apunta la fiscal anticorrupción en la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez, que se basa en escuchas telefónicas en las que González se habría referido a la destrucción del documento.

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