Ayuntamiento

El PP denuncia que los nombramientos de la secretaría e interventora de Arrecife son “ilegales”

El nuevo Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios estipula que son puestos de categoría A1

Diario de Lanzarote 0 COMENTARIOS 22/03/2018 - 08:54

El Partido Popular advierte de los problemas que podrían generar en el normal funcionamiento de la corporación algunos de los últimos nombramientos de personal realizados por el PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife. “Y es que si los cambios en la intervención realizados el pasado año han sido la excusa perfecta usada por la alcaldesa para tapar su pésima gestión de los asuntos municipales, el  cambio en la Intervención que se llevó a cabo la semana pasada podría generar un auténtico problema a la corporación”, señala el PP.

Los populares sostienen que el nuevo Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local (Publicado en el BOE del 17 de marzo) estipula que los puestos de interventor, secretario y tesorero deben estar ocupados por funcionarios de carrera de categoría A1.

Según señala la portavoz municipal del Partido Popular, Dácil Garcias, en el caso de Arrecife, "estos requisitos no los cumplen dos de los tres puestos claves de la corporación, como son la secretaria, que es A2,  y la última interventora nombrada de manera provisional por la alcaldesa Eva de Anta que tiene la consideración de interina".

Garcias pone de manifiesto que a día de hoy estos dos nombramientos “no se ajustan a la ley” por lo que desde el Partido Popular instan a Eva de Anta a reconducir de inmediato la situación irregular que ha generado con sus decisiones y evitar así el colapso definitivo del Ayuntamiento.

"La situación actual es verdaderamente insostenible y las nuevas designaciones podrían agravar la situación hasta extremos realmente críticos". "Arrecife no se puede permitir ni un solo disparate más", reprocha la edil del PP que resalta los incumplimientos de los socialistas como el retraso del pago de las subvenciones deportivas, las ayudas sociales, a la compra de material escolar o al alquiler de viviendas, entre otras. "Entrar en dinámicas de cambios de personal sin ajustarse a la ley es el colmo del absurdo", apostilla Dácil Garcías.

 

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