TEGUISE

El PP acusa a Oswaldo Betancort de “ocultar durante ocho meses” la sentencia que anula la adjudicación de la basura

“En caso de que se produjese una reclamación patrimonial por daños y perjuicios el Ayuntamiento podría enfrentarse al pago de más de un millón de euros”, sostiene el concejal del PP

Diario de Lanzarote 1 COMENTARIOS 14/02/2019 - 15:08

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teguise, Jonás Álvarez, denunció este jueves el “ocultamiento, la falta de transparencia y la irresponsabilidad” con la que el alcalde, Oswaldo Betancort, “ha llevado un tema tan delicado como el de la sentencia condenatoria que anula la adjudicación del servicio de basura del municipio por las graves repercusiones económicas que podría tener para el Consistorio”.

Aunque esta sentencia no reconoce efectos indemnizatorios a la empresa recurrente, “si es posible que se pueda incorporar en una fase posterior si la empresa presentara ahora una reclamación patrimonial por daños y perjuicios basándose en la misma”, sostiene el edil del PP.

“En ese caso”, añade, “se podría determinar una indemnización por el beneficio industrial perdido, del seis por ciento del precio de adjudicación del contrato, lo que supondría más de un millón de euros”.

“De producirse este hecho supondría un desequilibrio sustancial de los presupuestos municipales aprobados el pasado mes de enero, poniendo en riesgo la salud financiera y servicios esenciales para el municipio”, agrega Álvarez.

El portavoz popular critica que el gobierno municipal “haya mantenido este asunto de espaldas a los grupos de la oposición” y que no fuera hasta el último pleno cuando llevara, por la vía de urgencia, la propuesta para acatar la ejecución de sentencia sin que, tal y como denunció el concejal del Partido Popular, “se hubiese facilitado toda la documentación del expediente”.

Por este motivo, el concejal del PP solicitó que se dejara sobre la mesa hasta tener toda la información, “negándose el alcalde a posponer el acuerdo, conculcando con ello el derecho que asiste a la oposición”.

Álvarez critica que el grupo de gobierno tuviese conocimiento de la sentencia desde junio de 2018 y que “la haya mantenido oculta durante todos estos meses pues ni siquiera cuando se notificó la obligación de ejecutarla se informó de la misma”.

El concejal del Partido Popular considera que Oswaldo Betancort ha actuado “de mala fe y de forma irresponsable al guardar la sentencia en la gaveta hasta el último momento” y “que sea ahora deprisa y a la carrera cuando pone en evidencia el problema llevándolo a pleno por el trámite de urgencia”.

Álvarez cuestiona de forma contundente el “secretismo del alcalde, poniendo nuevamente el riesgo la aprobación de los presupuestos municipales como ya ocurrió con la sentencia de Caleta de Caballo”.

“Lo que han hecho es una marrullería más de las suyas”, asegura, “porque son ellos, el alcalde y el concejal de Hacienda, los que han creado el problema y los que han optado por taparlo pensando que se iba a resolver solo”.

Desde el Partido Popular recuerdan que la primera sentencia anulando la adjudicación del servicio se dictó en marzo de 2017, cuando se estima el recurso presentado por una de las empresas concurrentes, y se apunta que el procedimiento debía retrotraerse al momento de la valoración de las ofertas por un vicio de nulidad.

Según la información a la que ha podido tener acceso el concejal del Partido Popular, una vez celebrado el pleno, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias demuestra claramente que “desde el inicio del proceso de contratación se estaban haciendo las cosas mal”.

Entre otras cuestiones, la sentencia cuestiona la salida que le dio el ayuntamiento al tema del IPC en las ofertas. Y es que si bien en los pliegos de condiciones no se incluía nada referente al IPC, sí lo hizo la que finalmente resultó adjudicataria.

A este respecto, la sentencia señala que "la administración ante la existencia de dos propuestas que lo incluyen (IPC) de mutuo propio, lo que hace es, alejándose del Pliego de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicarlo al resto de propuestas en base a un principio de igualdad que desde luego no justifica el apartamiento de las pautas señaladas en los pliegos".

Por tanto, concluye el concejal del PP, se "considera que la valoración ya está viciada desde el inicio al haberse producido una clara discordancia entre los criterios manifestados en el pliego de cláusulas".

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Morera. ¡Alcalde!

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