El cierre de la antigua residencia Sol de otoño (ahora llamada Virgen de los Dolores) ya ha llegado al Juzgado. Lo que ha llegado es, en realidad, que la residencia no se ha cerrado, o no se ha podido cerrar, a pesar de que tiene orden de cierre desde el pasado mes de septiembre.

En agosto, el Ayuntamiento de Tías decretó la suspensión de la actividad de la residencia, que ya fue cerrada en una ocasión en el año 2012 pero fue abierta de nuevo con otro nombre y sigue sin tener las autorizaciones oportunas y se encuentra en un tipo de suelo que no permite esta actividad.

El 30 de agosto el Ayuntamiento reiteró la orden de cierre y advertía con informar a la Fiscalía si no se procedía al precinto. La Fiscalía, de hecho, ya había informado anteriormente y había instado a Tías a que cerrara el centro “por la gravedad de la situación y el riesgo cierto de los usuarios para su salud física y mental”.

Desde esa fecha el Ayuntamiento ha llevado a cabo varias inspecciones, la última de ellas en noviembre, pero todas han acabado con la misma conclusión: que no se dan las circunstancias para proceder al cierre y al desalojo porque en la residencia sigue habiendo usuarios y porque no se ha planteado hasta la fecha una alternativa viable para alojar a esas personas.

Por un lado, los familiares alegan que no pueden asumir los cuidados y la supervisión permanente que requieren los ancianos, que no tienen tiempo ni espacio adecuado. Por otro, respecto a una solución institucional, el Ayuntamiento de Tías y el Cabildo de Lanzarote coinciden en que a corto plazo no la hay porque la lista de espera para una plaza en una residencia de mayores en la Isla, pública o privada, es de más de 140 personas.

Finalmente, Tías denunció la situación y el caso está en el Juzgado de instrucción número 1 de Arrecife, donde ya han declarado varios testigos y donde aparecen como denunciados el director del centro, Juan Adolfo Acuña, el vicepresidente de la Asociación para el respiro familiar y ayuda a la tercera edad (Arfate) que es quien gestiona ahora el centro, Francisco Javier Moreno Solí, y Ana Belén Fernández Fontes, directora del centro. Podrían ser responsables de un presunto delito de desobediencia a la autoridad, entre otros.

La situación actual es que la residencia, según la versión de la asociación, está cerrada, aunque en realidad lo que significa ese cierre es que no se admite a nuevos usuarios pero allí siguen viviendo unas veinte personas que pagan una cuota mensual de unos 1.300 euros al mes, y trabajando más de diez. Desde la orden de cierre, han fallecido algunos de los internos y otros se han trasladado.

La residencia está gestionada por una asociación de familiares pero el responsable es el mismo que dirigía la residencia en 2012 cuando protagonizó un escándalo en un programa de televisión y fue cerrada.

Los responsables de la residencia han solicitado al Ayuntamiento de Tías que facilite el realojo de los ancianos en otros centros. Reconocen que se trata de una situación grave y excepcional pero que debe prevalecer la integridad de los residentes.

Los responsables del centro solicitan el realojo de los internos en otras residencias, pero la falta de plazas ha hecho imposible de momento esa alternativa

En las conclusiones de la Fiscalía, tras su vista de inspección del año pasado, se decía que la residencia era una continuación de las anteriores “porque quien la gestiona es la misma persona que gestionó los anteriores centros y la línea de actuación es la misma”.

En ese mismo informe, la Fiscalía pedía a las administraciones locales que tomaran medidas para evitar “que quienes son responsables en la actualidad de la asociación puedan reiniciar su actividad en cualquier otro lugar de la Isla”, y decía sobre Acuña que “desconoce algunas cuestiones básicas, lleva una gestión irregular con los contratos que hacen los familiares y es consciente de que no presta la asistencia sociosanitaria que debiera”.

La Fiscalía reprochaba al Cabildo de Lanzarote el apoyo que da a la asociación, ya que otorga una subvención anual de 15.000 euros para el alquiler del inmueble y deriva a ancianos desde los centros públicos de atención sociosanitaria.

En ese informe de Fiscalía se hablaba de “carencias básicas, imprescindibles e inaplazables para la atención a personas que requieren de una real asistencia sociosanitaria que no es dispensada por los responsables del centro”, así como que ninguno de los internos cuenta con autorización judicial de internamiento, que es obligatoria si hay un deterioro cognitivo.