El Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife ha citado a declarar el próximo 13 de febrero en calidad de investigados al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario Vicente Bartolomé Fuentes y a los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo por la ocupación de zonas verdes públicas en el plan parcial Costa Papagayo.

La querella, presentada por el anterior grupo de Podemos en el Cabildo, se admitió a trámite en diciembre de 2017 por presuntos delitos contra la administración pública. La querella también se dirige contra las empresas Hotel Princesa Yaiza, Salmepa y Getsu No Denwa.

En junio del año pasado la causa fue declarada compleja y en mayo de este año la Fiscalía solicitió que se prorrogara durante otros 18 meses más. La prórroga fue recurrida por Rosa pero el Juzgado no admitió el recurso ya que considera que los hechos son complejos y que hay que analizar la composición del pleno de Yaiza en el momento de los hechos, así como determinar las personas físicas de las empresas citadas a las que pudiera exigirse responsabilidad criminal.

Podemos denunció la ocupación de zonas verdes llevadas a cabo mediante convenios urbanísticos. El Consejo Consultivo de Canarias avaló la anulación de esos convenios firmados por el entonces alcalde de Yaiza en el año 2004, para la ocupación de casi 32.000 metros cuadrados.

Entre esos convenios está el complejo recreativo Kikoland del hotel Princesa Yaiza o el minigolf del hotel Hesperia Playa Dorada. Posteriormente, el Ayuntamiento de Yaiza declaró la nulidad del convenio con la firma Getsu Non Denwa, mediante el que se le cedió a la mercantil, de forma gratuita y por cincuenta años, el derecho de uso de tres parcelas municipales.

Los hechos descritos en la querella admitida a trámite en el Juzgado “delatan un cúmulo de actuaciones ilegales cometidas en el proceso de urbanización del plan parcial Costa Papagayo, dirigidas a permitir la privatización de gran parte del ámbito del plan, en perjuicio del uso racional y público de los recursos naturales que ordena la Constitución Española, la Ley del Suelo y el ordenamiento jurídico territorial desarrollado en Canarias”.

El objeto de la querella es la adjudicación directa de un proyecto público en suelo público, sin licitación previa, así como la ejecución de una obra pública y de unas instalaciones destinadas a la explotación privada, sin ningún concurso público de licitación.