El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, no ha tenido que declarar este martes por la mañana ante el Juzgado de instrucción número 1 de Arrecife, donde estaba citado en calidad de investigado por una pieza separada surgida de la instrucción sobre la gestión de Inalsa, que lleva el Juzgado número 4. No se ha fijado nueva fecha para su declaración.

San Ginés ha solicitado la suspensión para que se recabe más documentación sobre la causa, y la juez Emma Fernández ha accedido a la petición.

También estaban citados a declarar en calidad de investigados el secretario del Cabildo y del Consejo insular de aguas, Francisco Perdomo; la interventora del Consejo, Rosalinda Bonilla; y la técnico del Cabildo, y exconcejal de Arrecife, Nuria Cabrera, que ejercía como tesorera de ese Consejo insular.

En esta pieza se investigan tres contratos relacionados con ese Consejo que se tramitaron por el procedimiento de urgencia, del que se podría haber hecho un uso indebido gracias a la declaración de emergencia hídrica que se decretó en el año 2011. Las obras, de sustitución de tuberías, alcanzan un total de 2,7 millones de euros.

La investigación inicial sobre la gestión de Inalsa surgió a raíz de una denuncia de Alternativa Ciudadana, por la que la Fiscalía pidió que se abriesen diligencias, que se han tramitado en el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife.

En febrero del año pasado el Juzgado acordó el archivo de la causa a petición de la Fiscalía, que meses más tarde solicitó la reapertura del caso a la vista de un informe del Tribunal de Cuentas sobre el servicio de producción y venta de agua entre los años 2007 y 2011.

El juez Ricardo Fiestras destacó en un auto de noviembre que en el informe del Tribunal de Cuentas “sí se advierten diversas irregularidades” en cuatro obras. En su Juzgado solo se investiga una de esas obras, la remodelación de una planta desaladora, que pagó Inalsa.