El Juzgado de lo Penal número tres de Arrecife ha fijado para el mes de junio, en cuatro sesiones, la reanudación del juicio de La Bufona, que debía haberse celebrado este mes de enero. En concreto, se celebrará los días 5, 12, 13 y 19 de junio.

El juez Francisco Javier Bretones decidió el pasado 9 de enero la suspensión de la vista oral tras la petición de alguna de las partes porque había dos responsables civiles subsidiarios con abogados de oficio que no había sido citados. El juez ha concedido así un tiempo razonable para que estudien una causa que tiene más de 22 tomos.

El otro motivo de la suspensión estuvo relacionado con la citación a los propietarios de las viviendas, que comparecen en el procedimiento como responsables civiles subsidiarios, además de a sus abogados. Algunos de los letrados plantearon que sus representados estuvieran presentan en la sala durante la celebración del juicio.

En el banquillo de los acusados se sentarán el arquitecto Federico Echevarría, responsable de Brisa Inversiones, y el constructor Antonio Caro. Este último estaba previsto que declarase por videoconferencia por su estado de salud. Hubo un tercer acusado, Francisco Carmona, fallecido hace años.

En el primer juicio, en 2016, tanto Echevarría como Caro fueron condenados a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, así como al derribo de lo construido sin título habilitante, una parte de 14 casas construidas en suelo rústico de protección ecológica: muros de contención, piscinas, pérgolas y algunas habitaciones. Unos 250 metros cuadrados de media por cada casa.

En julio de 2018, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó repetir las actuaciones porque no se había llamado durante el procedimiento a los propietarios de las casas, que tras la sentencia pasaban a ser perjudicados.

Entre los propietarios de las casas, además de la actual alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, está el que fuera fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés y el notario Celestino Mendizábal, entre un total de 33 responsables civiles subsidiarios.

Origen del caso

El caso se inició con una denuncia del Seprona en 1999. En 2008 el caso pasó a procedimiento abreviado. El escrito de acusación de Fiscalía es del año 2011 y en 2016 se celebró la primera vista oral. En el periodo de ejecución de sentencia, la Audiencia admitió un incidente de nulidad presentado por los propietarios y consideró que se les lesionaba un derecho fundamental ya que no se les había citado en el procedimiento como posibles responsables civiles.

Según la acusación, Echevarría y Caro se enriquecieron de forma ilegal con la construcción de 53 viviendas unifamiliares ocupando suelo rústico de especial protección de jable, fuera de los límites de la urbanización, sin realizar cesiones obligatorias y aumentando la edificabilidad y superficie máxima de las casas en contra de la normativa urbanística.

El plan parcial original, de 1981, permitía construir 33 viviendas unifamiliares. Se solicitó cambiarlo para hacer 52 adosados pero se acabaron construyendo 52 viviendas unifamiliares. Las licencias se concedieron cuando era secretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero. Los terrenos no se incluyeron en la base de datos del Catastro, así que no pagaban impuestos. Tampoco se hizo la cesión obligatoria del 10 por ciento al Ayuntamiento. En 2009, el Tribunal Supremo anuló la modificación puntual del plan parcial y por tanto, el único plan que queda vigente es el de 1981, que no ampara las 52 casas que se han construido, ni por número ni por tipología ni por dimensiones. El Ayuntamiento de Arrecife no ha ejecutado esa sentencia.

En suelo rústico

Catorce de esas casas, que tienen más de 200 metros cuadrados habitables, se construyeron parcialmente en suelo rústico. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural llegó a ordenar el precinto de las obras pero éstas continuaron. Las casas son más grandes en la realidad que en los papeles, tanto en las licencias como en el Registro de la Propiedad, donde figuran con una extensión de 96 metros cuadrados.

Un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y los propios promotores de la urbanización condenados señalaron a los propietarios, en el primer juicio, como los responsables de haber construido sin licencia sobre ese tipo de suelo rústico de protección ecológica.