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El juicio de Montecarlo se aplaza por la huelga de letrados de la administración de justicia

Comenzará el 7 de febrero y las siguientes sesiones serán el día 9, 10 y 13 de febrero en Arrecife

Diario de Lanzarote 0 COMENTARIOS 31/01/2023 - 11:57
La sección primera de la Audiencia provincial de Las Palmas ha decidido esta mañana aplazar el inicio de la última pieza del caso Montecarlo, que debía arrancar esta mañana en Arrecife, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia. 
 
El juicio comenzará la semana que viene en Lanzarote, el 7 de febrero. En primer lugar se dirimirán las cuestiones previas y posteriormente la declaración de los testigos. Las siguientes sesiones serán el día 9, 10 y 13 de febrero en Arrecife y las próximas, hasta el día 17, en  Las Palmas de Gran Canaria.
 
Esta es la quinta y última pieza del caso, relacionada con la empresa Tunera. Además del propietario de la empresa, Eduardo Ferrer, también están acusados otras siete personas, entre exconcejales y trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife. En la causa se investigó si se pagó por servicios no realizados, duplicados o con facturas infladas, además de las irregularidades en la contratación o justificación de esos servicios.
 
La Fiscalía señaló como conclusión que “el importe arbitraria y fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife” a la empresa asciende, “sólo entre los años 2009 y 2012, a la cantidad mínima” de 3,2 millones de euros, de los cuales “al menos” 121.000 euros obedecen según el Ministerio Fiscal “a pagos por servicios no prestados”.
 
El fiscal solicita seis años para el exinterventor Carlos Sáenz, lo mismo que para el dueño de la empresa, y cuatro años y medio para los exediles Eduardo Lasso y Lorenzo Lemaur, igual que para los trabajadores Miguel Ángel Leal y José Nieves. También están acusados los trabajadores Blas Antonio Cedrés y Francisco Hernández Betancort.
 
El exalcalde José Montelongo también se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de prisión, por pagos cuando era concejal de Hacienda. A los exconcejales Víctor Sanginés e Isabel Martinón se le pide otros tres años.

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