El magistrado Rafael Lis, titular del Juzgado de instrucción 3 de Arrecife ha decidido expulsar de la causa sobre los Centros Turísticos a la Asociación de juristas Jiménez de Asúa. Lis resuelve ahora un recurso del año 2015 contra la personación de esta asociación y lo hace solo unos días después de que se conociera que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra él por la desatención o retraso injustificado en resolver precisamente ese mismo recurso y otros dentro de la misma causa.

El juez, que deberá jubilarse el próximo mes de mayo, ya fue sancionado el año pasado con seis meses de suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave, por no haberse apartado de la instrucción de un procedimiento a sabiendas de que había sido recusado. En el auto en el que expulsa a Jiménez de Asúa, fechado el pasado 14 de marzo, tras indicar variada jurisprudencia sobre la obligación de motivar los autos, concluye que “la acción popular no debe ser entendida como un exclusivo mecanismo jurídico de fiscalización de la acusación pública”, por lo que decide expulsarla de la causa.

Asegura que el motivo de la personación de Jiménez de Asúa es “el afán de actuar en beneficio de la legalidad y del principio de igualdad de cualquier ciudadano ante la Ley, alterado presuntamente por los hechos de esta causa” pero que no concreta, sin embargo, “en qué se manifiesta tal alteración o falta de trato igualitario” y se limita a indicar que actúa en beneficio de la legalidad y del principio de igualdad de cualquier ciudadano ante la Ley, “referencia totalmente vaga e inconcreta y más en el curso de un proceso penal”.

El juez dice que en los estatutos aportados por la asociación (hace casi cuatro años), “esos mismos fines resultan igual de vagos y no reflejan interés subjetivo específico que nos permita admitir su personación en este proceso como nueva acusación popular al margen de la que ya existe pues, en lo que a los procedimientos judiciales respecta, su finalidad en principio se limita a la defensa de la limpieza en los mismos y el cumplimiento de las garantías procesales, es decir, su único objetivo estatutario, en el proceso, parece que es velar por la regularidad formal de aquel y ni siquiera es promover acciones penales contra quienes aparezcan como responsables de los delitos , que en principio , en buena lógica, debería ser la finalidad de una acusación , sea popular o de otro tipo”.

Fue el propio juez Lis quien permitió la personación de esta asociacición en varias causas que tramitaba él mismo, como la del robo o extravío de autos denunciada por el juez Pamparacuatro. La asociación ha sido expulsada desde hace años de forma reiterada en los juzgados de Arrecife por otros jueces con argumentos parecidos a los que ahora esgrime Lis. Fue expulsada del caso Unión por el Juzgado número 5 y del caso Montecarlo por el Juzgado 4 y también por la propia Audiencia provincial de Las Palmas.

La Audiencia señaló sobre ella que no es aceptable la acción popular como garante del proceder de la actuación de la Fiscalía o de la propia Administración de Justicia porque “no puede erigirse en mecanismo de control sobre el poder judicial” y que basta con leer los fines de sus estatutos para advertir la “inexistencia de un interés legítimo y concreto” porque se definen unos objetivos genéricos que no dejan de ser una declaración programática “y se erige en una especie de garante de la limpieza de los procesos judiciales y el cumplimiento de las garantías procesales en donde pudiere haber actuaciones judiciales irregulares o que no respeten las garantías constitucionales”..

La asociación, que se creó en Gran Canaria en 2015 para personarse en casos de corrupción en Lanzarote, llegó a querer personarse en una causa abierta contra le propio juez Lis, recusó a la magistrada Siliva Muñoz, pretendió disolver Transparencia Urbanística y se querelló contra el juez Pamparacuatro, el secretario judicial de Unión y varios miembros de la UCO, sin éxito en ningún caso. La querella se archivó por el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial rechazó por “mala fe” la recusación.