La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, aseguró en el Parlamento regional que la Ley del Suelo “garantiza que ninguna infracción en el Espacio Natural Protegido del Archipiélago Chinijo quede impune” y señaló que se ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional.

Barreto hizo esta aclaración cuando informaba al pleno sobre el régimen jurídico de aplicación tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 20 de diciembre de 2017 que confirma la anulación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Archipiélago Chinijo, que fue aprobado en 2006 por acuerdo de la Cotmac.

En su intervención, explicó todos los pasos dados desde diciembre hasta la fecha “para dar seguridad jurídica a las acciones que se desarrollen en el Archipiélago con las mismas condiciones que contenía el Plan” y dio cuenta de los informes jurídicos remitidos tanto al Cabildo de Lanzarote como al Ayuntamiento de Teguise en los que se afirma que el PRUG mantiene su vigencia “en tanto que aún no se ha cumplido el plazo máximo para la ejecución de la sentencia del TS”.

Estos informes concluyen que, en tanto que el PRUG sigue aún vigente y con plena validez, la clasificación, categorización y calificación del suelo del Archipiélago Chinijo será la que se deriva este instrumento de ordenación.

"Además, los Espacios Naturales Protegidos integrados en la Red Natura 2000 tienen su propia regulación en los artículos 172 a 175 de la Ley del Suelo, que resultan de plena aplicación en este espacio", aclaró la consejera.

En cuanto a los actos y usos ilegales, la Ley los califica como infracciones muy graves cuando se dan en espacios protegidos de la Red Natura 2000 o suelo rústico protegido por razones ambientales. "Por tanto, la Ley del Suelo no permite que los actos y usos ilegales en espacios protegidos de la Red Natura 2000 queden impunes", insistió Barreto.

La consejera adelantó, asimismo, que el Gobierno de Canarias recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC) ya que los servicios jurídicos del Ejecutivo entienden que hay motivos fundados para interponer recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Así, consideran que se ha hecho una aplicación indebida de la Ley de Conservación de Espacios Naturales de 1989. Esta ley establece que la declaración de un determinado espacio como parque o reserva natural requiere la formulación y aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

Sin embargo, el Archipiélago Chinijo fue declarado Parque Natural dos años antes por la Ley de 1987 de Espacios Naturales de Canarias, que no exigía la elaboración del PORN. La ley de 1989 tampoco contempla ningún régimen transitorio por el que la validez y vigencia de los Espacios Naturales Protegidos ya declarados quedase supeditada a la aprobación de un PORN.

La interposición del recurso de amparo ante el TC llevará aparejada una solicitud de suspensión de los efectos de la sentencia para que no se vean perjudicados los otros 43 parques y espacios naturales de Canarias que se podrían ver afectados.