El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y al Familia, ha concedido subvenciones directas a los siete municipios de Lanzarote, por un importe de 424.090 euros para el mantenimiento de los equipos municipales de atención a la infancia y los centros y servicios de día para menores.

Carmen Morales, directora general de Protección a la Infancia y la Familia, aclaró que con este crédito los ayuntamientos podrán intervenir de forma integral con familias con graves carencias que afectan al normal desarrollo de los menores, "concretamente se trabaja con 82 menores cuyas familias se encuentran en vulnerabilidad social por diferentes situaciones, como problemas de drogadicción, absentismo escolar o falta de habilidades para la educación de los hijos".

"Se trata de situaciones que aunque no tienen la gravedad para una declaración de desamparo, sí que necesitan de la actuación de equipos especializados, no solo para que no empeore, sino sobre todo para que se corrija, trabajando tanto con los niños y niñas como con su entorno familiar", apuntó Morales.

Los equipos municipales de riesgo de los diferentes municipios de Lanzarote están compuestos en su totalidad por 32 profesionales entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y familiares, que se encargan tanto de diseñar como ejecutar, acompañar y evaluar el Plan de Intervención familiar adaptado a cada unidad convivencial.

Lanzarote también cuenta con centros y servicios de día para menores en los municipios de Arrecife y Tinajo para atender a niños que aunque no estén declarados en riesgo necesiten un apoyo especializado. Lanzarote cuenta con una de las poblaciones más jóvenes de Canarias con 24.529 menores que suponen el 7,54 por ciento de la población menor de 18 años de todo el archipiélago. ​

Declaración de riesgo

La declaración de riesgo y las medidas integrales a tomar tienen como objetivo mejorar el desempeño de los roles parentales con herramientas sociales e individuales que faciliten las relaciones en la familia, además de lograr la participación de la unidad familiar en recursos socioculturales, educativos o sanitarios y que una vez aplicadas, la familia pueda ser autónoma evitando así la aplicación de una posible medida de desamparo.

"Contrariamente a lo que se pueda pensar, una medida de riesgo no implica una declaración de desamparo, sino todo lo contrario, una medida de riesgo significa el apoyo y ayuda protectora para toda la familia, ya que los trabajadores y trabajadoras sociales, así como psicólogos y educadores, que son los profesionales que intervienen en los equipos especializados, ponen a disposición de la familia los recursos necesarios para salir de los problemas que puedan tener, haciendo un seguimiento a los menores" expuso el la directora.

"Obviamente si la familia no colabora, si la familia no presta interés en proteger a sus niños y niñas se puede producir la declaración de desamparo, pero la mayor parte de las veces la familia va adquiriendo, con la ayuda de la administración, las habilidades necesarias para poder afrontar con autonomía sus problemas", admitió Morales.