El Ayuntamiento de Haría se dirigirá al Gobierno de Canarias para solicitar la autorización de cara a formalizar el acuerdo con el Cabildo de Lanzarote que se elaboró para zanjar el conflicto por la Cueva de Los Verdes.

El convenio entre ambas instituciones se alcanzó en octubre de 2016, cuando ya en febrero de 2015 el Juzgado había fallado a favor de Haría, pero un informe encargado por el Ayuntamiento norteño aclaró que su aprobación “requería” una “autorización” de la comunidad autónoma que no se produjo.

En el último pleno del Ayuntamiento de Haría, celebrado el sábado, se acordó solicitar a la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias que evalúe el convenio entre el Consistorio y el Cabildo, y que si su criterio es favorable, que conceda “a posteriori” la “autorización” para sellar el “acuerdo extrajudicial”, que obtuvo el visto bueno municipal hace casi dos años.

Este lunes, el alcalde de Haría, Marci Acuña (CC), aseguró en declaraciones a Diario de Lanzarote que el Ayuntamiento también se dirigirá a la Audiencia de Cuentas y al Consejo Consultivo de Canarias para que informen sobre el acuerdo con el Cabildo. “Si sus informes son favorables, acudiremos al Juzgado para la homologación del convenio y, si no lo son, se iniciaría el trámite para declarar su nulidad o se renegociaría con el Cabildo”, indicó Acuña.

El Juzgado dio la razón al Ayuntamiento de Haría en febrero de 2015 y condenó al Cabildo “a cesar en el uso y disfrute de la Cueva de Los Verdes”, a la “inmediata restitución de la posesión” de la Cueva, integrada en la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo, “al Ayuntamiento de Haría”. Por último, el Juzgado le reconoció al Ayuntamiento una indemnización “por daños y perjuicios”, que se correspondía con la venta de entrada desde noviembre de 2010 hasta la fecha de la sentencia.

La sentencia del Juzgado la convirtió en firme el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en abril de 2017 y, aunque se alcanzó un acuerdo económico entre el Ayuntamiento de Haría y el Cabildo en octubre de 2016, “hasta la fecha no se ha solicitado la homologación judicial del mismo”, tal y como se explica en el informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de Haría. “Mientras no se homologue” el citado acuerdo en los tribunales, añade el informe, “será la sentencia el único título ejecutable desde el punto de vista procesal”.

En el citado informe jurídico se insiste en que “para la válida formalización” de un acuerdo como el negociado entre el Ayuntamiento y el Cabildo “se requiere recabar la autorización” de la comunidad autónoma, además de “acreditar” que sus términos “no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración”.

Sobre la “ausencia” de esa autorización del Gobierno de Canarias, que no se recabó hace dos años ni por la Corporación insular ni por el Ayuntamiento de Haría, el jurista que asesora al Consistorio aclara que “podría acarrear la nulidad del acuerdo de aprobación” del convenio. No obstante, también apunta que podría “ser convalidado” si el Gobierno otorga el permiso necesario.

En el caso de que el Gobierno de Canarias deniegue la autorización o que el Juzgado denegase la “homologación” del convenio si se considera el acuerdo “manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico o lesivo al interés público”, el Ayuntamiento “debería promover la nulidad del mismo”. El informe jurídico, encargado al bufete Lexelia Abogados, señala que “al menos, se puede concluir que existen indicios para sostener la lesividad al interés público del Ayuntamiento”.

“Posibles errores” en el convenio

En el expediente elevado al pleno municipal se incluye la valoración del informe jurídico externo de que el acuerdo con el Cabildo había tenido “posibles errores de tramitación” por la ausencia del “preceptivo informe” de la comunidad autónoma. También aborda la “inconsistencia de los acuerdos alcanzados” desde el punto de vista económico.

Así, en el informe jurídico encargado por Haría “se cuestiona la propia naturaleza de las obligaciones económicas que asume el Cabildo que justifique la conveniencia del acuerdo alcanzado”. En el convenio se reconoce el derecho de Haría a percibir un canon que no sería inferior a 500.000 euros al años.

También se incorpora un Plan de Desarrollo de Haría, con inversiones en el municipio a financiar por el Cabildo, pero ni el canon ni las inversiones “en ningún momento” se relacionan con la indemnización que “el Ayuntamiento habría de percibir por renunciar a sus más que posibles derechos derivados de la indemnización por daños y perjuicios reconocidos por la sentencia”.

En cuanto a las inversiones del Plan de Desarrollo de Haría, se cuestiona que “si bien en el mismo se contemplan inversiones cuantificadas en 18 millones de euros, lo cierto es que estas no tiene su correlativa obligación exigible jurídicamente”, con “un alto grado de indeterminación”. En ese sentido, “se garantiza únicamente” hasta un importe de seis millones de euros.

El “auténtico objeto de negociación”, se valora en el informe encargado por Haría, deberían haber sido los “derechos económicos vinculados a la indemnización” que al Ayuntamiento “le había sido reconocida por la sentencia”, por “la explotación de la Cueva de Los Verdes por parte del Cabildo de Lanzarote sin título alguno”.

Ese extremo, añade el letrado contratado por el Consistorio norteño, “no tiene su correspondiente reflejo económico en el convenio, por cantidad alguna, ya que ni tan siquiera se lo menciona, hecho éste que se considera que puede ser determinante para concluir la posible existencia de una lesión de los intereses de este Ayuntamiento”.