El pasado 28 de mayo Ana Cecilia Sánchez y su familia tenían que haber abandonado la que ha sido su casa en la capital lanzaroteña durante los cinco últimos años, en la calle Tarragona, de Arrecife.

El 1 de diciembre recibieron una carta en la que se decía, muy escuetamente, lo siguiente: “Por medio de la presente y dentro del plazo conferido al efecto por el artículo 10 de la LAU 29/1994 pongo en su conocimiento la voluntad de esta entidad arrendadora de dar por concluido el contrato de arrendamiento (...) Les ruego por lo tanto que antes de la expiración de dicho término, tengan a bien dejar libre la vivienda”.

Nada raro sino fuera porque el casero es la empresa pública del Gobierno de Canarias Visocan, cuyo objeto fundamental es la promoción de viviendas sociales protegidas.

Ana Cecilia es ayudante de cocina y vive en esa casa con su marido, que es chapista, y sus tres hijos, uno de ellos menor de edad, y uno de sus nietos, de 18 meses. Firmó en 2013 un contrato de alquiler con opción a compra en una promoción de viviendas de protección oficial, por el que paga casi 300 euros al mes.

En el momento de afrontar la compra, en 2015, no pudo hacerlo porque no disponía del dinero suficiente, ya que ni su marido ni ella tienen trabajos fijos, y Visocan pedía una entrada de 15.000 euros.

La carta es la única comunicación que ha hecho la empresa pública. No hubo llamadas antes de eso, ni visitas para conocer la situación de la familia, que se mantiene en la casa, pagando a través del Juzgado porque no encuentra una vivienda que pueda costearse.

Ana Cecilia fue a pedir ayuda a la plataforma por una vivienda digna de Lanzarote, que a su vez la remitió al abogado Jorge Peñas: “Lo de los 15.000 euros es una opción ficticia, lo ponen difícil”, dice, y se extraña del “tono tan frío para una institución de este tipo”.

Según Ana Cecilia, Visocan alude también, “por teléfono”, a un problema de convivencia, a quejas de la comunidad de propietarios, pero no existe ninguna denuncia, ni pruebas ni documentos que acredite esto.

Ella solicitó por escrito hablar con la dirección de la empresa pero no la contestaron, así que se trasladó a Gran Canaria, donde están las oficinas, y donde tampoco encontró ninguna solución. De la misma forma, tampoco logra nada en el Instituto Canario de la Vivienda, pero el 8 de marzo recibió otra carta con el mismo texto.

Su abogado dice que ella ha cumplido con todas sus obligaciones puntualmente, con todos los gastos y que las acusaciones sobre la convivencia no son ciertas. En un escrito presentado a Visocan propone tres soluciones: prorrogar el contrato con opción a compra asumiendo una subida de la renta de unos 100 euros al mes, por la evolución del mercado o firmar un nuevo contrato en precario de dos o tres meses para dar un plazo y encontrar otra casa. La tercera opción es una oferta de compra por 80.000 euros.

El abogado de la afectada asegura que ha cumplido con todas sus obligaciones puntualmente, con todos los gastos y que las acusaciones sobre la convivencia no son ciertas

En el escrito, Peñas señala que esperan alcanzar “una solución favorable para todas las partes garantizando una alternativa habitacional a esta familia evitando soluciones de vulnerabilidad y desamparo”, y hace referencia al problema de “turistificación y gentrificación que sufrimos en Lanzarote, unido a la precarización laboral”.

El abogado, Peñas, señala que es extraño, “por lo informal”, tratándose de una empresa pública, ya que la comunicación es a través de llamadas telefónicas y que Visocan llega a insinuar que hay otra persona para esa vivienda.

Por su parte, Ana Cecilia asegura que esto le va a perjudicar porque la van a vetar para poder optar en el futuro a una vivienda social. “El daño moral es irreparable y somos gente decente y trabajadora”, afirma.

Por su parte, desde la Consejería de Vivienda se señala que el de esta familia no se trata de un caso de vulnerabilidad social sino de convivencia. Dicen que hay un acuerdo de la comunidad de vecinos por el que se ha pedido a esta familia que cambie de comportamiento aunque no hay constancia documental de este hecho.

Ana Cecilia insiste en que no es cierto y que Visocan está creyendo la versión de una parte sin haber podido ni siquiera oponer sus explicaciones.