El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acogió este jueves una vista sobre las pruebas del caso Unión, donde ha cobrado especial relevancia el análisis sobre la primera grabación que efectuó Carlos Espino, entonces consejero del Cabildo, a Fernando Becerra, quien ha reconoce ejercer de intermediario para el promotor Luis Lleó, que pretendía desbloquear la ejecución de la urbanización Costa Roja, en Playa Blanca, con más de mil viviendas.

El fiscal Javier Ródenas ha rechazado la comparación entre el caso Unión de Lanzarote y el caso Guateque de Madrid planteada por el abogado de Lleó, Manuel Matamoros. El fiscal ha recalcado que esa grabación inicial se produjo como consecuencia de una denuncia previa de Carlos Espino, "sin engaño al juez instructor", con “buena fe” y "ausencia de clandestinidad”.

Para el fiscal Ródenas, la transparencia de esa grabación la demuestra el hecho de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dejó constancia en un acta de la cesión de una grabadora al cargo público socialista, mientras que en el caso Guateque "se hizo pasar por espontánea una grabación que había preparado la Guardia Civil".

Además, el fiscal insistió en que la orden de efectuar los 'pinchazos' telefónicos se produce a partir de la denuncia de Espino y no de la grabación de un encuentro con Becerra en su despacho en la oficina de los Centros de Arte, Cultura y Turismo.

Así, aunque el TSJC dictaminase que esa grabación inicial debe ser excluida del sumario, el Ministerio Fiscal incidió en que no hay vinculación con las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez César Romero Pamparacuatro, por lo que no afectaría al resto de la causa.

Para el fiscal Ródenas, "es una falacia decir que el origen del caso Unión es esa grabación, es una mentira bien contada”, tal y como publica Canarias Ahora. El fiscal insistió en que “el origen” del caso Unión “es la denuncia de Espino del 4 de junio de 2008 sobre un intento de soborno”.

La Fiscalía también replicó a las supuestas irregularidades en la instrucción alegadas por el abogado de Lleó. De esta manera, recordó que el juez instructor “nunca pierde su jurisdicción” y que es “el único competente” para prorrogar las escuchas telefónicas, aun estando de vacaciones.

El fiscal cargó contra la decisión del juez Salvador Alba, apartado de la carrera judicial, que decidió anular la citada grabación y criticó que con esa decisión se estuviese tratando de proteger a sí mismo, puesto que también está acusado y una de las pruebas es una grabación en su despacho.