La mayor sorpresa en la primera jornada de la vista oral del juicio al expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, por la incautación de la desaladora propiedad de Club Lanzarote, ha sido la declaración del exsecretario del Cabildo, Francisco Perdomo, también acusado en la causa. Perdomo se ha desvinculado de la decisión y ha quitado importancia a su asesoramiento para incautar esa planta.

San Ginés ya había reconocido que el asesoramiento de Perdomo había sido verbal pero había manifestado que dicho asesoramiento fue fundamental para su decisión. Este lunes insistió en la misma idea: que la opinión que pesó en su decisión de incautar fur la del secretario y no la del asesor externo Ignacio Calatayud. “Tuve una reunión con el secretario y me decanté por la incautación”, dijo San Ginés.

Sin embargo, Perdomo ha comenzado declarando, a preguntas de la Fiscalía, que conocía otros casos similares y que era posible la incautación pero que cuando le informó de esto al presidente, no había estudiado el expediente ni las interioridades del caso y que, por tanto informó “con carácter general”.

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A preguntas de su abogado fue más concreto. Su asesoramiento verbal fue “en una sola ocasión y por un breve espacio de tiempo”. El presidente le llamó a su despacho y le preguntó por esa posibilidad.

Perdomo calificó este asesoramiento como “informal e improvisado”. Corroboró la afirmación de su abogado de que no tenía los antecedentes del caso para realizar "un estudio serio y profundo sobre la materia".

El exsecretario del Cabildo también confirmó que San Ginés no le pidió que plasmase su opinión en un informe por escrito.

Perdomo reconoció que había estado presente, antes de la incautación, en una reunión con los promotores de Montaña Roja y propietarios de la desaladora, en la que no intervino y en la que no se llegó a ningún acuerdo, y que supo de la incautación “por la prensa y por algunos compañeros”.

Diez días después, San Ginés le facilitó un informe elaborado por su asesor externo, Ignacio Calatayud, y le preguntó si lo ratificaría. “Le digo que sí porque me parece que estaba fundamentado”, contestó.

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El ex secretario, ya jubilado, admitió que el expediente sancionador abierto a la empresa no podía culminar, en ningún caso, con la clausura de la planta porque era una competencia del Gobierno de Canarias, pero dijo que “hay que diferenciar entre el expediente y las medidas cautelares”.

También dijo que había informes de que se podía estar cometiendo un delito contra la salud pública, de vender agua de manera incontrolada y con un precio excesivo, y que la medida intentaba “impedir” que se siguiera conculcando el orden jurídico establecido.

Perdomo dijo que suponía que la urgencia por la incautación sería por un “cúmulo de cuestiones”, desde los requerimientos del Diputado del Común, a las denuncias de particulares o contra el medio ambiente.