El último intento del exsecretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, por no entrara en prisión, también ha sido en vano. El exsecretario fue condenado a una pena de 19 meses de cárcel en abril de 2017 por la concesión de licencias irregulares en Playa Blanca. Solicitó la suspensión de la pena pero la Audiencia provincial la rechazó. También pidió el indulto, que no le concedió el Consejo de Ministros. Ahora, un auto del Juzgado de lo penal número 1, de 28 de enero, deniega definitivamente la suspensión de la ejecución de la pena.

El Juzgado considera que no se dan los supuestos para poder beneficiarse de la suspensión de la pena, a pesar de que la condena es menor de dos años. No es la primera condena para el exsecretario. Fue condenado a un año de prisión por el caso Yate por la concesión masiva de licencias irregulares, por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y malversación. Reconoció los hechos e ingresó en prisión.

Cuando le llegó esa condena firme ya había sido inhabilitado para trabajar como secretario en Yaiza por otra causa en la que fue condenado por prevaricación urbanística a la pena de cinco años de inhabilitación especial por conceder unas licencias irregulares para construir chalés en la localidad de Las Breñas. Después fue contratado en el Cabildo de Gran Canaria.

La actual condena, la tercera, se produce por la concesión de dos licencias entre 2004 y 2005 para construir 56 y 10 chalés, respectivamente, dentro del plan parcial Playa Blanca. Ese plan parcial debió quedar extinguido al entrar en vigor las Directrices Generales de Ordenación y del Turismo de Canarias, aunque se acabaron construyendo unas 400 viviendas. Tanto el plan parcial como el proyecto de urbanización y todas las licencias otorgadas en ese ámbito fueron anuladas por los tribunales. En otra causa, aún sin juzgar, la Fiscalía le pide seis años de cárcel por la contratación irregular de los servicios del abogado Felipe Fernández Camero durante más de diez años, por parte del Ayuntamiento de Yaiza.

En este último procedimiento ejecución de sentencia, la Fiscalía pidió su ingreso en prisión aludiendo al contexto “de exigencia de un plus de responsabilidad a quienes han ocupado cargos públicos utilizados para servirse del cargo para delinquir y no para servir al cargo con objetividad” y a “la percepción de impunidad en los delitos de prevaricación existe y se agiganta si el condenado elude la pena de prisión en un automatismo burocrático limitado a una visión rutinaria de comprobar la hoja histórico penal y el límite de la pena impuesta”.