El abogado Nicolás González- Cuellar es el último nodo en la compleja red de relaciones e intereses que se ha tejido en los últimos meses en torno al juez Salvador Alba. El magistrado y el exministro José Manuel Soria, a quienes  ya unía la animadversión hacia la también jueza y exdiputada de Podemos Victoria Rosell,  comparten desde el pasado 23 de junio representación letrada. González-Cuellar fue quien redactó  la primera querella que el ex líder del PP en Canarias interpuso en diciembre de 2015 contra su rival política por injurias y calumnias. También es el autor de  la demanda contra eldiario.es y los periodistas Ignacio Escolar y Carlos Sosa por las informaciones sobre  las vacaciones de Soria en Punta Cana.

Ahora es Alba quien recurre a sus servicios para intentar demostrar su tesis de que el presidente de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, al que investigaba por un presunto fraude fiscal,  manipuló una grabación en la que  se escucha cómo el magistrado conspira con el empresario para perjudicar a Rosell, a quien sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Por el contenido de esta grabación, Alba  está siendo investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de  prevaricación, coacciones y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Las coincidencias no acaban ahí. La segunda querella de Soria contra Rosell,  esta vez ante el Tribunal Supremo, también conecta con actuaciones de Alba. Y es que un informe redactado por el magistrado tras la declaración acordada con el empresario resultó crucial para que el alto tribunal admitiera a trámite la querella del exministro contra Rosell. En esta ocasión, la querella no la firmó González-Cuellar, sino  Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado y dirigente histórico del PSOE, que  copió de forma literal pasajes de un informe reservado de Alba al que sólo podían tener acceso la Fiscalía y el propio juez.

Investigado en el TSJC y con  diligencias informativas abiertas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Alba  sigue ejerciendo en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y  acumulando sustituciones en otros juzgados. Los designios judiciales han querido que en el camino de Alba se crucen dos de los mayores casos de corrupción de la isla de Lanzarote: Stratvs y Unión. Será  ponente en el primero y en dos piezas del segundo.

Por la cantidad de delitos y el número de tramas, Unión está considerado el mayor caso de corrupción de Canarias. El empresario  Luis Lleó es el principal encartado. Está acusado de intentar sobornar a un consejero del Cabildo de Lanzarote para desbloquear un proyecto urbanístico en la isla.

Desde que el caso estallara en 2009, su estrategia ha consistido en tratar de desacreditar las actuaciones de los instructores y dilatar el proceso. Para ello ha interpuesto más de sesenta recursos, en la inmensa mayoría de las ocasiones sin éxito. Sí prosperó, en cambio, una apelación clave. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la que forma parte el juez Alba,  anuló la orden de entrada y registro a las oficinas de Lleó dictada por el primer instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro.

Con esta anulación, dejó de tener validez un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implicaba a  dos jueces que asesoraron al empresario para evitar el pago de impuestos. Se trataba de Ignacio Sánchez Yllera, en la actualidad en la Audiencia Provincial de Madrid, y Ángel Aguallo Avilés, entonces letrado del Tribunal Constitucional. Este último también  asesoró a Iñaki Urdangarin en la trama empresarial que dio origen al caso Nóos.

Tras el auto de apertura de juicio oral, Lleó pidió  la recusación del juez que había sido designado presidente del Tribunal del Jurado, José Luis Goizueta, porque había resuelto algunos de los numerosos recursos presentados por el empresario. El TSJC  tardó un año en contestar a esta solicitud, pero terminó apartando a Goizueta y nombrando como sustituto a Alba.

Curiosamente, y a pesar de que también ha resuelto recursos sobre la pieza de Lleó, algunos de ellos con el propio Goizueta, Alba no ha sido recusado por el empresario. En uno de los autos de esta causa en los que figura como ponente, fechado en enero de 2015,  Alba avaló que se incorporara al sumario, en contra del criterio de la jueza instructora, un certificado que Lleó solicitó a la secretaria de gobierno del TSJC sobre las vacaciones del juez Pamparacuatro. El empresario pretendía demostrar con este certificado que el juez había dictado resoluciones en periodo vacacional. El auto de Alba reforzaba el argumentario de Lleó, ya que negaba que la secretaria hubiera infringido la Ley de Protección de Datos al revelar esta información y advertía de que este hecho podría tener incidencia en la validez de las resoluciones adoptadas por Pamparacuatro.

El certificado fue finalmente anulado por el Poder Judicial porque la secretaria del TSJC se lo había proporcionado al investigado sin tener competencias para ello y sin que estuviera motivado. Sin embargo, el documento entregado a Lleó terminó en manos de otro de los actores que se han sumado a este entramado, la asociación de juristas Jiménez de Asúa, constituida en 2015. Este colectivo de abogados radicado en la isla de Gran Canaria utilizó el certificado para  querellarse contra el juez Pamparacuatro por los mismos hechos por los que lo había denunciado con anterioridad Lleó.  Ambas querellas fueron archivadas.

La aparición de esta asociación de abogados y  su repentino interés por personarse como acusación particular en todas las causas de corrupción de Lanzarote ha generado desconfianza en sectores de la judicatura. Y es que además de la querella contra Pamparacuatro, la Jiménez de Asúa ha intentado  recusar a la actual jueza instructora del caso Unión, Silvia Muñoz, por haber denegado su personación en una de las piezas. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas no sólo rechazó la recusación, sino que además  acusó a la asociación de mala fe y le impuso una multa de 1.000 euros.

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