CASO UNIÓN

El exjefe de la Oficina Técnica admite que le entregó a Dimas Martín documentación del Plan General y del Plan de Barrios

El exconcejal Antonio Machín descarga la responsabilidad en el fallecido José Miguel Rodríguez

Rafael Arrocha, exjefe de la Oficina Técnica. Fotos: Manolo de la Hoz.
Saúl García 4 COMENTARIOS 11/02/2019 - 17:40

De los cinco acusados que declararon en la jornada de este lunes, solo uno reconoció los hechos, "pero algunas cosas no". Así contestó Rafael Arrocha, exjefe de la Oficina Técnica de Arrecife. A Arrocha se le acusa de revelación de secretos por filtrar a Dimas Martín dos documentos: el pliego de contratación del avance del Plan General de Ordenación Urbana y un informe del Plan de Barrios.

Arrocha reconoció que le hizo llegar a Dimas esos documentos, uno por petición de Ubaldo Becerra y otro de José Miguel Rodríguez, que entonces eran concejales de Urbanismo y Hacienda, respectivamente, pero argumentó en su defensa que en este último caso era un borrador y en el primero, que no era un documento oficial porque no le llegó por el trámite reglamentario sino que se lo entregó Becerra.

Elena Martín, hija de Dimas, era Jefa de Contratación en el Ayuntamiento y la única técnico de ese departamento. Su defensa fue señalar que, de los 104 expedientes de trabajos que se investigan en esta pieza, ella solo intervino en dos de ellos que eran contratos menores. Dijo que el resto eran del departamento de Compras, no de Contratación y que no tenía contacto ni había un sistema informático común con el departamento de Compras: "No tenía ningún tipo de relación o vínculo", dijo.

El fiscal afirmó que le llamaba la atención la diferencia de trato entre unos expedientes y otros y Elena Martín contestó que no puede "controlar lo que pasa fuera". "Cuando voy a trabajar voy a mi despacho, no me reúno con los concejales", aseguró, y el fiscal le recordó que sí tenía relación telefónica con los concejales.

Martín participó en el proyecto de rearbolado del Parque Temático para el que se contrató a Antonio Gómez, también acusado. La ejecución de ese proyecto iba a costar 180.000 euros y le advirtió a Ubaldo Becerra que no se podía trocear, sino que había que sacar las obras a concurso "y ahí quedó la cosa", dijo. Después, y a través del departamento de Compras se adjudicó ese servicio a una empresa de Gómez, La Palmita. "¿El concejal la sorteó?", le preguntó el fiscal. "Se ve que sí, no tengo manera de saber qué se tramita en Compras", señaló Elena Martín.


Elena Martín.

El exconcejal de Parques y Jardines y de Barrios, Antonio Machín, no contestó a las preguntas de la Fiscalía, sino solo de su abogada. Dijo que no cobró comisiones, que no tenía capacidad de adjudicar contratos y que no participó en ninguno de los expedientes investigados.

Machín descargó la responsabilidad en el fallecido José Miguel Rodríguez, que era quien coordinaba a los concejales del PIL. Declaró que su labor era ir por los barrrios "desde las seis de la mañana, a veces hasta la noche" y reunirse con asociaciones de vecinos.

Su defensa le preguntó por el motivo por el que Rodríguez no le implicó en un primer momento pero después sí y dijo que coincidió en la celda de la cárcel tras su ingreso en prisión con la misma persona con la que estuvo Rodríguez y que le contó que a éste le pasaron una lista con nombres "que había que implicarlos porque si no, no iba a ver más a sus hijos". El supuesto testigo, en todo caso, no está llamado a declarar.


Antonio Machín.

Dimas: “Tú haz lo que yo te diga”

A la empresa de Samuel Lemes le contrató el Ayuntamiento tres obras: el derribo de un edificio en la calle Balayo, la impermeabilización de la cubierta de la Oficina Técnica y la retirada de escombros de la Rocar. Lemes recalcó que solo es apoderado de la empresa Samyer, de la que es administrador su padre y que él ni siquiera trabajaba en esa empresa, sino en Fontanería Francisco Lemes, como fontanero.

Lemes sí contestó a la Fiscalía, que le hizo escuchar varias conversaciones grabadas con Rodríguez, de quien dijo que era su amigo, y con Dimas Martín, a quien conocía por su padre. En una de ellas, Rodríguez le pregunta si había hablado con el jefe y le contesta que no, que si ha hablado él.

En otra conversación le dice a Dimas que ha renunciado con una empresa pero quedó en presentarse con la otra, a un procedimiento de contratación. "Tú haz lo que yo te diga -le dice Dimas- preséntalo en el Ayuntamiento que así lo puedo controlar yo". Pare explicar estas conversaciones, Lemes recurrió a algo sobre un empleado que trabajaba para el Ayuntamiento y para él, pero no aclaró nada.

En las obras que hizo no hay expedientes ni certificaciones de los trabajos. En una cartas cruzadas entre Rodríguez y Dimas, el segundo le pide al primero que le den la obra de la calle Balayo a Samuel Lemes y éste le contesta después que ya se la han dado. Lemes dijo que no sabía nada de eso.


Manuel Reina y Samuel Lemes.

El 'arrepentido' que se desdice

El empresario Manuel Reina Fabre no contestó a la Fiscalía. Tiene ya una condena anterior por un cargamento de 750 kilos de hachís en 1999. En sus anteriores declaraciones había reconocido que le pidieron dinero para poder cobrar las obras de la perrera municipal y del balneario de El Reducto y que dio 4.000 euros a José Miguel Rodríguez.

En esta ocasión, se ratificó en los hechos, excepto en que pagó. Admitió que le pidieron que pagara pero que no pagó. Achacó su cambio de versión a que en su declaración tras su detención se sintió "inducido" a admitir eso porque, si no seguía ese camino, acabaría preso y aún tenía vigentes sus antecedentes penales.

El fiscal le recordó que se ratificó en sus declaraciones anteriores en 2012, delante de su abogado y afirmó que dijo lo mismo porque le preguntaron lo mismo y no supo concretar quién le indujo a confesar.

Comentarios

Media docena de acusados reconocen los hechos la otra media docena de la caja de la corrupción niegan. Para ser un invento de la UCO de Stampa y de pamparacuatro no está mal.
Ñoosss, viendo este gallinero mi héroe es EVA DE ANTA
Ñoosss, viendo este gallinero mi héroe es EVA DE ANTA
Pero por qué tiene que tener un preso acceso a documentación en trámite del ayuntamiento? Que asco. Todos vendidos al líder

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