La primera jornada de juicio del caso Proselan, pieza número trece del caso Unión, ha estado marcada por la confesión del ex concejal de Urbanismo y Hacienda, José Miguel Rodríguez, que ha reconocido este lunes ante la Audiencia Provincial de Las Palmas haber “consentido” malversación, que se “burlasen procedimientos” y que con su firma se pudiera “beneficiar a terceros” y pagar trabajos que no le constan realizados.

Tanto el interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, como el empresario José Daniel Hernández y el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha,  han negado los hechos. El martes se reanudará la vista a las 9.30 horas.

“He perdido casa, matrimonio, trabajo. He perdido todo. Estoy en una situación desesperante y lo único que quiero es aclarar esta situación y colaborar en todo lo que pueda”. Así explicaba su situación José Miguel Rodríguez, imputado en cuatro procedimientos y condenado por uno de ellos, con atenuante de colaboración.

El ex edil del PIL admitió haberse lucrado él y su partido en otras ocasiones, y en este caso haber malversado fondos públicos, sin recibir nada a cambio, pagando las facturas a Proselan por trabajos “que no se han ejecutado”.

Rodríguez recuerda que en 2008 le llevaron unas facturas de unos trabajos que se venían realizando desde el mes de marzo y que desde la Oficina Técnica le indicaron que era necesaria su firma.

Algunas facturas tenían “tachaduras” y no recuerda haber leído ningún presupuesto. De hecho, el tesorero del Ayuntamiento capitalino advirtió que la documentación estaba incompleta: sólo figuraba la orden de pago y la factura.

Rodríguez: “He perdido casa, matrimonio, trabajo. He perdido todo. Estoy en una situación desesperante y lo único que quiero es colaborar”

Rodríguez las firmó siendo consciente de que había algo “extraño”, que no se habían pedido presupuestos a otras empresas y que algunas se presentaban “cuando los trabajos no se habían ejecutado”. Ha señalado además que el fraccionamiento de pagos era el “modus operandi” habitual de la época y que todo se hacía “a través de Intervención”.

Por su parte, el empresario José Daniel Hernández ha negado los hechos que le imputa la Fiscalía y ha declarado que se le vincula con trabajos en fiestas de Arrecife con los que “no tiene nada que ver”.

Este lunes sólo ha admitido haber realizado trabajos para cuatro fiestas de los barrios y para el Carnaval de 2008. También ha explicado que si facturó parte de los trabajos a nombre de Proselan fue por consejo de su asesor y que fue “un error” hacerlo así.

En varias ocasiones, el empresario dijo haber presentado presupuestos en los que sí desglosaba y detallaba las labores (revisión de redes, cambio de sistemas de alumbrado, comprobación de aislamiento y estado de las tomas de tierra o instalación de cajas de protección de tomas múltiples y focos) aunque luego dichos conceptos no figuran redactados en las facturas.

También ha declarado en el Juzgado que trabaja como electricista desde 1999 y que ha prestado servicios al Ayuntamiento de San Bartolomé, al Ayuntamiento de Yaiza y al Cabildo de Lanzarote.

Fue en 2008 cuando acudió a la Oficina Técnica del Consistorio capitalino para “presentarse” y ofrecer sus servicios. Allá le indicaron las necesidades que existían en cuestión de instalaciones eléctricas. Presentó presupuestos y comenzó a realizar trabajos. En junio de 2008 constituye la empresa Proselan porque considera que “es la forma correcta de trabajar”, en noviembre se convierte en administrador único y en diciembre presenta varias facturas al Ayuntamiento, unas como persona física y otras a nombre de Proselan.

El empresario declara que debió de ser “cuestión de suerte” que en un solo mes el Ayuntamiento de Arrecife le pagase 250.000 euros

Posteriormente cesa como administrador porque “necesita dinero para liquidar deudas con Hacienda y sus proveedores” y evitar un embargo. Su mujer pasa a ser propietaria y él, trabajador de la empresa. En diciembre de 2008 y en abril de 2009 presenta facturas por importe total de 350.000 euros.

El empresario ha declarado que debió de ser “cuestión de suerte” que en diciembre le pagasen 250.000 euros y ha repetido que no tiene conocimiento de la Ley de Contratación. También ha admitido no saber cuál es la cuantía máxima para una adjudicación directa a pesar de llevar muchos años trabajando con las instituciones.

Hernández ha añadido que todos sus trabajos fueron supervisados por Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, que se hicieron mediciones y se emitieron informes.

Arrocha confirmó haber supervisado todos los trabajos del empresario pero dice no poder aportar esos informes y que los papeles “estarán en el Ayuntamiento” aunque “faltan muchas cosas”, apostilló. 

José Daniel Hernández, propietario de Proselan.

Contratar de “manera casual”

El ex jefe de la Oficina Técnica dijo haber contactado con el empresario de “manera casual” como hacía con otros trabajadores que acudían al Ayuntamiento buscando trabajo. Le preocupaba el estado de las instalaciones generales y temía una sobrecarga en la red.

A pesar de considerar que existía “un problema de seguridad”, no lo comunicó a  Festejos porque los trabajadores del servicio de alumbrado público sólo “cambian bombillas y hacen mantenimiento”. Tampoco consideró preceptivo emitir un informe.

El trabajo que se encargó se consideró una obra menor provisional (el cableado se ponía y se retiraba a los días). Arrocha ha admitido haber firmado una factura el 5 de diciembre de 2008 por el montaje eléctrico de unas fiestas, las de San Francisco Javier, que no terminaron hasta el 26 de diciembre.

Arrocha ha declarado que lo hizo sin darse cuenta, “por un error aritmético” o porque se le habría “pasado la fecha”. En marzo de 2009 volvió a firmar otra factura con fecha anterior al cumplimiento del servicio.

El interventor carga contra el tesorero

El interventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, ha declarado que no recuerda haber firmado una retención de crédito de 98.000 euros —la misma cantidad que el Ayuntamiento debía a José Daniel Hernández— para pagar trabajos anteriores y que si lo hizo fue porque así se lo comunicaron las áreas.

Sáenz subrayó que él no da el visto bueno sino que se limita a “certificar que hay partida”. También ha negado que tuviera que ejercer una función fiscalizadora y que la decisión de abonar las facturas fue de José Miguel Rodríguez, que consintió que se abonara con cargo a sus áreas (Urbanismo y Hacienda) porque en diciembre “tenía una partida casi sin tocar”.

Saénz no recuerda si el tesorero puso pegas a la orden de pagar a Proselan pero ha declarado que “usurpaba funciones, quedándose con expedientes cuya guardia y custodia correspondían a Intervención”.

El interventor también ha señalado que era habitual que los gastos de electricidad durante las fiestas de los barrios los asumieran otras áreas distintas a Festejos y que cuando él tramitó el expediente, sí estaba completo.