Gonzalo Murillo, el denunciante del caso de La Bufona y propietario de los terrenos que ocupan ilegalmente algunas de las casas de esa urbanización, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que se dé un impulso procesal al caso, ya que en julio del año pasado se anularon todas las actuaciones y se ordenó repetir el juicio, que se celebró en enero de 2016.

Tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial condenaron a los promotores de la urbanización, Antonio Caro y Federico Echevarría, a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En la sentencia se incluía el derribo de lo construido “sin título habilitante”, que afecta a la parte de 14 casas que se construyó en suelo rústico de protección ecológica.

Los propietarios de esas casas presentaron un incidente de nulidad alegando indefensión, ya que no se les había citado al juicio como responsables civiles, aunque sí que fueron como testigos. Sin embargo, sí les afectaba el sentido de la sentencia.

La Audiencia les dio la razón porque se lesiona su derecho a no ser condenado sin ser oído en el juicio. Ocho meses después de esa decisión no se ha practicado ninguna diligencia y Murillo acaba de solicitar un impulso “para que la acción procesal emprendida no sea estéril” y sirva para que todos los afectados puedan pronunciarse “y conozcan la situación jurídica de los ilegalizados inmuebles que han sido vendidos por la promotora Brisa Inversiones”.

En su escrito, Murillo pone de manifiesto que no sólo los propietarios no fueron llamados a declarar durante la instrucción, sino que tampoco lo fueron los trabajadores de la Oficina Técnica municipal de Arrecife donde se concedieron segregaciones ilegales de una finca rústica y después licencias de obra que iban contra el planeamiento, así como que se dieron esos permisos sin que se aprobara antes la Junta de compensación y se procediera a llevar a cabo las cesiones de suelo que corresponden al Ayuntamiento.

Murillo señala en su escrito que se ha permitido construir en zonas verdes y sobre suelo destinado a viales y aparcamientos públicos y pide que se lleve al procedimiento a esos trabajadores para que expliquen por qué se autorizaron las licencias.

Dice que se incorporó a la causa un informe del año 2004 de la Agencia de protección del medio urbano y natural en el que se decía que se había alterado la delimitación y la ordenación pormenorizada del plan parcial La Bufona y, sin embargo, no se llamó a declarar ni a los trabajadores ni a los propietarios de las casas. Pide a la Fiscalía General del Estado que su escrito se ponga en conocimiento del Juzgado de instrucción correspondiente que vaya a llevar el caso.

El caso se inició en el año 2000, pasó a procedimiento abreviado en 2008, el escrito de acusación de Fiscalía se hizo en 2011 y se juzgó en 2016. Ahora se tendrá que repetir todo el proceso. En su última sentencia, la Audiencia, a pesar de anular las actuaciones, consideraba que “cabría plantearse” si se había llegado a esta situación “por propia voluntad y desidia” de los propietarios en defender su posición, ya que “no les podía ser ajena la existencia del procedimiento aunque solo fuese por la trascendencia pública que ha tenido”.