Gonzalo Murillo ha denunciado de nuevo en los tribunales una actuación de la Administración relativa a las casas de La Bufona (Arrecife). En esta ocasión se trata de una posible alteración catastral sobre la casa de la presidenta del Partido Popular de Lanzarote y parlamentaria regional, Ástrid Pérez.

Murillo considera que puede haber una presunta prevaricación administrativa por parte de la Gerencia regional del Catastro por supuestamente alterar su base datos para catastrar el terreno rústico que ocupa la vivienda de Pérez, a su nombre, sin justificación.

La Gerencia ha adoptado el acuerdo de dar de alta esos terrenos dentro de un expediente de subsanación de deficiencias por falta de concordancia entre la realidad física y la inmobiliaria.

Murillo presentó un recurso de reposición que el catastro ha resuelto de forma negativa, por lo que la denuncia se ha dirigido a los Juzgados. Según señala la denuncia, se habría intentado simular en la base de datos del catastro “una realidad que nunca ha existido”.

Según la nueva alta catastral, la casa de Pérez se encuentra en una finca de 572 metros cuadrados, de los que 245 son rústicos. La cuestión es que el catastro le habría asignado esos metros rústicos sin que la presidenta del PP haya podido justificar su compraventa, ya que siguen siendo propiedad de Murillo.

Sobre esa casa pesan dos órdenes parciales de derribo, de la parte que se construyó en suelo rústico. Una es administrativa de 2013 dictada por la Agencia de protección del medio urbano y natural, que Pérez no recurrió.

La orden afectaba a 14 casas, y otro de los propietarios, el fiscal Miguel Pallarés, recurrió y logró que el TSJC anulara la orden porque la Agencia debía haber impugnado primero la licencia municipal que se concedió. Por otra parte, por la vía penal, la Justicia considera que lo construido en el suelo rústico es ilegalizable y que se debía demoler.

Murillo añade que también se puede estar dando un presunto trato de favor porque el resto de las casas se ha catastrado sobre un suelo rústico de uso agrario y la de Pérez, siendo el mismo suelo, sobre un suelo rústico de uso residencial.

Apunta en la denuncia que el Registro de la propiedad certifica que la finca tiene 384 metros mientras que el catastro da de alta la casa en una finca de 572. Por ello considera que se ha podido manipular la cartografía oficial de la base de datos  del catastro. Por su parte, la Gerencia del catastro alega que el expediente de subsanación tiene por objeto reflejar la situación inmobiliaria actual de las parcelas.

Reiteración

No es la primera vez que ocurre algo similar en el Catastro con estas casas. En 2008, la Dirección provincial del Catastro cambió la titularidad de ese suelo a favor de los dueños de las viviendas y modificó el nombre de la calle, que pasó a llamarse Chubasquillo en lugar de Chabusquillo, y antes de esa fecha, las casas estuvieron omitidas de la base de datos durante ocho años.

El cambio de titularidad fue anulado por los tribunales y el Ministerio de Hacienda acabó destituyendo al gerente regional, Jesús Hernando, por actuar “en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”.

En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la inscripción de las viviendas a nombre de los compradores, pero la sentencia no se ejecutó hasta mayo del año pasado.

Pero de nuevo, se repitió la historia y se volvieron a dar de alta el año pasado esas casas en la calle Chubasquillo, que no existe. Sin embargo, se caducó el expediente, y es en el nuevo procedimiento en el que se ha podido cometer la irregularidad que denuncia ahora Murillo otra vez.