El Cabildo archivó el expediente iniciado en 2021 para licitar por primera vez el servicio. Alega que los documentos ya no reflejan la realidad, pero también recibió un duro informe negativo

El contrato millonario de las guaguas: 75 años sin concurso y una licitación fallida
El Cabildo archivó el expediente iniciado en 2021 para licitar por primera vez el servicio. Alega que los documentos ya no reflejan la realidad, pero también recibió un duro informe negativo
Tres cuartos de siglo. Ese es el tiempo que dura ya la concesión del servicio interinsular de guaguas de Lanzarote, que se adjudicó de manera directa el 27 de noviembre de 1951, en plena dictadura franquista. Desde entonces no ha salido a concurso, y tampoco lo hará a corto plazo. El pasado 7 de septiembre, el Consejo de Gobierno del Cabildo decidió archivar el expediente que se inició en 2021 para licitar por primera vez este servicio público, pero que no ha llegado a culminarse.
“El tiempo transcurrido desde la apertura del expediente, superior a cinco años, unido a las circunstancias sobrevenidas, ha generado una realidad operativa, económica y funcional significativamente distinta de la existente en el momento de elaboración de la documentación aprobada”, señala la resolución.
En la práctica, esto supone que hasta que no se inicie y se resuelva un nuevo procedimiento, seguirá prolongándose una concesión millonaria que este mes cumple 75 años, y que se basa en un contrato que no se actualiza desde 2008. Además, en los últimos años se ha mantenido con prórrogas por la vía de excepción, porque en realidad está caducado desde diciembre de 2022.
En cuanto al dinero que recibe la empresa, en estas décadas se ha ido negociando con el Cabildo, al margen del control y la competencia que implica un concurso público de esta envergadura. Solo en concepto de subvenciones de explotación, Arrecife Bus recibió 6,6 millones de euros en 2023, que en 2024 ascendieron a 8,4 millones y en 2025 a 9,5 millones.
A esas cifras hay que sumar otros pagos por distintos conceptos, incluidas subvenciones de capital para la adquisición de nuevas guaguas, que en su mayor parte son sufragadas por el Cabildo. “Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material están cuantificados en 1.903.356,22 euros en el ejercicio 2025 y en 1.431.015,55 euros en el ejercicio anterior”, señala la empresa en su memoria del pasado ejercicio.
Mientras tanto, Arrecife Bus -que en su página web indica que “el contrato concesional con el Cabildo constituye el cien por cien de su actividad”-, declaró unos beneficios netos de más de tres millones de euros en 2024 y de 840.664 euros en 2025.
De mano en mano
La concesión fue adjudicada a la sociedad Gil Hernández Hermanos SRC en 1951, aunque doce años después fue autorizada para transferírsela a otra empresa. Así se hizo con el servicio en 1963 Transportes Lanzarote SA, perteneciente al grupo que sigue llevando la explotación en la actualidad. Desde 1989 lo hace a través de Arrecife Bus SL, ya que ese año el Gobierno de Canarias autorizó un nuevo “cambio de titularidad”.
Cuando la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias de 2007 introdujo cambios en el sector, lo que hizo el Cabildo fue “adaptar” el contrato, manteniendo a la misma empresa, y de nuevo sin convocar un concurso. El 1 de diciembre de 2008, bajo la presidencia de la socialista Manuela Armas, la Corporación firmó un “contrato de adaptación” de la concesión. Según se indica en el propio documento, ni siquiera se llevó a Pleno. Se aprobó en una sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Gobierno Insular.
Ese contrato “adaptado” fijaba un marco de rutas y precios por kilómetro para el primer año, pero establecía que los servicios se irían ampliando, al igual que las tarifas y el dinero que aportaría el Cabildo, a través de revisiones anuales y cuatrianuales. “El Cabildo Insular y el concesionario fijarán los objetivos de servicio a cubrir y las inversiones necesarias, y la determinación de las aportaciones públicas que pudieran ser necesarias para mantener el equilibrio económico de la concesión, incluyendo un razonable beneficio industrial”, señala ese contrato, que no llegaba a definir cuál debería ser el porcentaje de beneficio industrial de la empresa.
En cuanto a la duración, se estableció en 14 años, por lo que caducó el 31 de diciembre de 2022. En ese momento ya estaba en vigor la Ley de Contratos del Sector Público y era ineludible convocar un concurso para volver a adjudicarlo. Sin embargo, el expediente que se abrió en febrero de 2021, que es el que ahora se acaba de archivar, nunca llegó a resolverse.
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Expediente tardío
El expediente se inició bajo el anterior gobierno de María Dolores Corujo, cuando faltaba poco más de año y medio para que expirara el contrato con Arrecife Bus. Al llegar esa fecha, el Cabildo ni siquiera tenía aún los pliegos del concurso, por lo que el Consejo de Gobierno Insular autorizó una prórroga de un año con carácter excepcional. Tampoco fue suficiente.
La concesión se adjudicó en 1951 y hoy se mantiene con prórrogas excepcionales
Tras las elecciones de 2023 cambió el gobierno y cuando la prórroga venció en diciembre de ese año, el concurso seguía sin resolverse. Esta vez, lo que se aprobó fue la “continuidad del contrato”, apelando al “interés general” y a la necesidad de mantener el servicio. Un informe de la asesora jurídica del Cabildo advertía que la ley prohíbe las prórrogas “tácitas” de los concursos públicos, pero concluía que la fórmula elegida “elude la apariencia de fraude”.
“La jurisprudencia se ha pronunciado a favor de la continuidad de la prestación del servicio de los contratos ya finalizados, siempre que sea por el tiempo necesario para la nueva contratación”, añadía el informe. Ni siquiera se estableció una fecha de finalización. Su duración quedaba “supeditada a la nueva adjudicación del contrato”.
Nuevo estudio
El actual grupo de gobierno justificó el retraso y la necesidad de esa nueva prórroga en la “complejidad” de la concesión. “Los documentos (estudio económico y pliegos técnicos) aportados inicialmente por la empresa Doymo SA han sido objeto de múltiples revisiones, correcciones y modificaciones por parte del Área de Transportes”, señalaba esa resolución de 2023.
Arrecife Bus declaró unos beneficios de más de tres millones de euros en 2024
Casi un año después, el 17 de septiembre de 2024, el Consejo de Gobierno aprobó un nuevo estudio de viabilidad para convocar el concurso, asegurando que el contrato supondría “un hito en la calidad del servicio”, incorporando “nuevos servicios, más amplitud horaria y horarios estables”. “Vamos a planificar un gasto global de 288 millones de euros durante los próximos 15 años, algo que cambiará radicalmente la red de transporte insular”, anunciaba entonces el presidente, Oswaldo Betancort.
El grupo de gobierno anunció que la adjudicación se llevaría a cabo en el primer trimestre de 2025, pero los plazos se fueron retrasando y ninguno de los anuncios se cumplió. Ahora, a medio año de terminar el mandato, y mientras continúan las quejas de los usuarios, lo que han hecho es archivar el expediente, alegando que “los documentos incorporados ya no reflejan de forma íntegra y actualizada las condiciones reales de prestación del servicio”.
Además, sostiene que “se han producido importantes modificaciones en la realidad operativa”, entre las que destacan “la implantación de la gratuidad del transporte público para las personas usuarias recurrentes”, que en realidad está en vigor desde mucho antes de que se aprobara el último plan de viabilidad.
Un informe desfavorable
Aunque el expediente se inició en febrero de 2021, esos documentos se estuvieron modificando hasta septiembre de 2024, que fue cuando el actual gobierno aprobó el estudio económico. Sin embargo, lo que en su momento no hizo público el Cabildo es que la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias emitió en octubre de 2025 un informe negativo, al que ahora ha tenido acceso Diario de Lanzarote. Según el dictamen, el problema no es que la estructura de costes prevista no se adaptara a la realidad actual del servicio, sino que falta “documentación esencial” para sostener los cálculos económicos que había realizado la Corporación.
El Cabildo afirmó que el concurso marcaría “un hito en la calidad del servicio”
“Las estimaciones deben realizarse sobre la base de predicciones razonables y, siempre que sea posible, basadas en fuentes estadísticas oficiales”, señalaba la Junta Consultiva. Al respecto, cuestionaba que el Cabildo basó su propuesta en las cifras aportadas “por tres operadores”, uno de ellos el propio Arrecife Bus.
“Hubiera sido conveniente realizar alguna consulta más, a fin de conseguir una información más completa de los costes del sector”, apunta el informe, que añade que al margen de la información aportada por las empresas, también se tendría que haber tenido en cuenta “el propio conocimiento que posee el Cabildo de Lanzarote sobre el servicio”. Además, advierte que se usó un criterio que no es “metodológicamente válido” para alcanzar la cifra definitiva del contrato, “restando objetividad, fiabilidad y consistencia”.
Respecto a esa estructura de costes, el informe subraya que el Cabildo aportó dos cifras distintas, sin ajustarse a la normativa en vigor “y sin fundamentación para poderlas conectar”. Por un lado, estableció el precio base de licitación en algo más de 153 millones de euros, mientras que el valor estimado del contrato lo cifró en más de 308 millones. Esta diferencia respondía, entre otras cuestiones, a la propuesta de revisión de precios durante la vida del contrato, que también fue cuestionada por la Junta Consultiva.
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“Beneficio razonable”
La propuesta del Cabildo, contra la que ninguna empresa presentó alegaciones, era que el contrato tuviera una duración de 15 años, con un “régimen de revisión periódica” de los precios. Para abrir la puerta a esa revisión, la ley establece que el periodo de recuperación de la inversión, que es el que marca la duración del contrato, debe ser igual o superior a cinco años.
En este caso, el Cabildo estableció una inversión inicial por parte de la empresa de 16 millones de euros y un plazo de recuperación de 11 años, pero “sin detallar las inversiones, vida útil, plan de amortización, ni plan de inversión”. Así lo advirtió la Junta Consultiva, que consideraba “imprescindible incluir en el expediente una justificación rigurosa y detallada”.
Además, el informe cuestionaba que el Cabildo fijara en once años el plazo de recuperación de las inversiones, pero propusiera una duración del contrato de 15 años, cuando la Ley establece que la duración máxima de la concesión “no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable” para que el concesionario recupere las inversiones realizadas. “Proponen como duración del contrato 15 años, sin que se justifique la necesidad de prolongar durante ese tiempo con un mismo contratista, pues podría y debería ser sometido a concurrencia con la mayor frecuencia, tras permitir al adjudicatario recuperar sus inversiones no reutilizables y obtener un beneficio razonable”, advertía el informe.
Casi un año después de recibir ese dictamen, el Cabildo ha archivado el expediente, y la paradoja no podría ser mayor: la Junta cuestionaba que el servicio se pretendiera dejar más de once años en manos de “un mismo contratista” sin convocar un nuevo concurso y sin un estudio “riguroso” de los costes, pero la realidad es que la misma empresa lleva décadas gestionando el servicio -ahora gracias a prórrogas extraordinarias de un contrato que lleva cuatro años vencido-, y lo seguirá haciendo hasta que se inicie y se resuelva un nuevo procedimiento de licitación.
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El Cabildo lleva más de 20 años sin publicar encuestas propias sobre la valoración que hacen los usuarios del servicio interinsular de guaguas. En cuanto a la empresa, está obligada por contrato a hacerlas de manera periódica, como mínimo cada dos años, pero sus resultados tampoco suelen difundirse. En las memorias de cuentas anuales que debe presentar Arrecife Bus sí aparece una mención a ello, pero solo con una cifra. En 2025 afirmaba haber recibido una “nota global” de 5,9 en su propia encuesta, y en 2023 de 5,4.
Respecto a la última que hizo el Cabildo, se remonta al año 2004, cuando la empresa recibió una nota media de 5,2. Sin embargo, en el desglose detallado, suspendía en factores clave como puntualidad, recorrido, paradas adecuadas, frecuencia de paso y número de guaguas, donde la nota caía hasta un 3,5.
Es decir, el “suficiente” en la nota media suele estar marcado por calificaciones más altas en aspectos como la atención del conductor o el estado de las guaguas, pero no en la eficiencia del servicio, que es lo que más siguen cuestionando a día de hoy las personas que deben utilizar las guaguas para sus desplazamientos.
“A veces he tenido que esperar hasta 40 minutos”, cuestiona Marcela mientras espera en la estación de guaguas de Arrecife. Ella utiliza el transporte público a diario para acudir a su trabajo en Puerto del Carmen, y afirma que más de una vez ha llegado tarde porque no se cumplen los horarios. Viviana, que utiliza la misma ruta, coincide: “Tienes que estar una hora y media antes, porque si no, no llegas al trabajo. Es bastante caótico”.
Además, la mayoría de las personas que utilizan la línea que une Costa Teguise, Arrecife y Puerto del Carmen apuntan que es frecuente que la guagua no llegue a su hora y que después, en la siguiente frecuencia, aparezcan dos y hasta tres juntas. Otras veces, la guagua sí llega, pero no para o no recoge pasajeros. “Te dicen que está completa, porque la mayoría son turistas, y nosotros que tenemos que ir a trabajar a diario no podemos subir”, lamenta Elena.
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Belén, que aguarda en la parada ubicada frente a la estación para ir a Costa Teguise, también afirma que hay días en los que la espera supera los 30 minutos, y cree que es necesario reforzar esta línea con más guaguas, ya que es la más utilizada, al conectar la capital y dos de las principales localidades turísticas.
No obstante, los mayores problemas siguen estando fuera de esa ruta. “Cuando quieres ir a otras partes de la Isla es muy complejo, porque tienen una o dos guaguas en todo el día”, apunta Leandro, que cree que el servicio es “pésimo” en la conexión con los pueblos.
Tampoco faltan las quejas por la falta de marquesinas en muchas paradas. “Tendrían que mejorarlas y poner por lo menos un techo, más que nada por el sol del verano”, reivindica Daniela. Otras usuarias, al preguntarles si están conformes con el servicio, responden con resignación: “Es el único que hay, ¿no?”.








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