El Consejo Consultivo de Canarias ha frenado la intención de la empresa Club Lanzarote, que pretende cobrar una indemnización del Consejo Insular de Aguas de más de 1,2 millones de euros por la incautación de la planta desaladora de la urbanización Montaña Roja (Playa Blanca) durante 13 meses.

el órgano consultivo rechaza que pueda solicitar la indemnización por supuestos daños hasta que los tribunales dicten sentencia definitiva sobre la incautación. Y añade que, cuando la resolución judicial sea firme, habría que analizar si se produjo un daño “efectivo”.

La incautación de la desaladora, la depuradora y las redes de abastecimiento de la urbanización Montaña Roja se prolongó desde septiembre de 2014 a octubre de 2015. La medida cautelar se adoptó por el Consejo Insular de Aguas en el marco de un expediente sancionador contra la empresa por la venta de agua a particulares sin concesión.

Club Lanzarote recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió de forma provisional la incautación de las instalaciones, mientras que el Juzgado de lo contencioso número cuatro de Las Palmas declaró en mayo de 2016 la nulidad de la incautación. Este pleito sigue abierto.

En junio del año pasado, Club Lanzarote inició una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Consejo Insular de Aguas, que ha rechazado la pretensión económica de la empresa. El Consejo Consultivo de Canarias, en un dictamen reciente, destaca que el Consejo Insular de Aguas ni siquiera debería haber admitido a trámite la reclamación al no existir sentencia firme sobre la incautación.

La empresa Club Lanzarote, promotora de Montaña Roja, pretendía ser indemnizada con 1,2 millones

El organismo público defendió ante el Consejo Consultivo que no se produjo ningún daño en las instalaciones “sino que, por el contrario, se han realizado mejoras”. Además, recalcó que la empresa lleva a cabo “una actividad ilegal”, como la venta de agua sin concesión, que tendría que otorgar el propio Consejo Insular, y subrayó que el abastecimiento es una actividad “reservada a la Administración, monopolística, excluida del sector privado”.

Cabe destacar que el organismo público sancionó a la promotora de Montaña Roja por la venta de agua sin concesión por “obtener un lucro ilegítimo”, que cuantificó en más de 1,7 millones de euros y que le exigió “restituir”.