El Consejo regulador de la denominación de origen del vino de Lanzarote volvió a cerrar el último año en pérdidas, según se refleja en un informe encargado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), que depende del Gobierno regional.

El estudio, según la empresa que lo ha efectuado, no se puede considerar una auditoría, aunque sí una “revisión limitada” de la situación financiera del organismo.

Además, destaca que el reglamento de los consejos reguladores del Archipiélago obliga a efectuar una auditoría cada año, precepto que ha incumplido el de Lanzarote “en los ejercicios precedentes”.

Entre las recomendaciones que destaca la empresa que llevó a cabo el estudio, CanAudit, se encuentra “evitar duplicidades en los gastos presentados a justificar” para obtener subvenciones de entidades distintas.

El Consejo regulador presentó la misma factura de la Fundación Canaria Alhóndiga de Tacoronte por organizar la séptima semana ‘Vinos del Volcán’ para acceder a una subvención del programa de desarrollo rural de Canarias y para conseguir una ayuda del Cabildo.

De los 281.000 euros de ingresos que tuvo en el último ejercicio el Consejo, más de 108.000 procedieron de subvenciones: 73.500 del Instituto de Calidad Agroalimentaria, 29.500 del programa de desarrollo rural y 4.500 del Cabildo.

De los bodegueros, principalmente por la venta de contraetiquetas, se recaudaron 89.000 euros y a los viticultores que accedieron a ayudas Posei se les cobraron 58.000 euros.

Sin embargo, los gastos ascendieron a 293.000 euros: a los cuatro trabajadores del Consejo se destinaron 143.000 euros, a los que se añadieron 81.500 euros de gastos de administración y 68.600 de gastos de promoción. Sobre estos, el estudio concluye “la razonabilidad de los mismos”. A ferias y eventos se destinaron 26.600 y 24.000 a publicidad en medios de comunicación.

Consultar la situación fiscal

Entre las recomendaciones también se encuentra consultar la situación fiscal del Consejo, que “no presenta impuesto de sociedades, sin que quede documentado qué aspectos tributarios han sido considerados” para ello.

El examen del Consejo regulador considera que deben ser “dados como pérdidas” por “créditos comerciales incobrables”, cerca de 38.000 euros, que adeudan Montaña Clara y Finca Las Quemadas, relacionadas con Miguel Martín, ex presidente del organismo que agrupa a viticultores y bodegueros.