El caso Montecarlo estalló en mayo de 2012 y se acabó dividiendo en seis piezas (una en La Oliva, otra en San Bartolomé y cuatro en Arrecife, aunque una se archivó). Cuatro años después finalizó la instrucción y el caso pasó a procedimiento abreviado. En mayo del año pasado, la Fiscalía presentó sus escritos de acusación, y casi un año y medio después la cosa sigue igual.

El Ayuntamiento de Arrecife está personado como perjudicado y su personación fue muy criticada por la Fiscalía, que llegó a compararla con la del PP en el caso Gürtel por su pasividad y ambigüedad al dudar de que en lugar de acusar ejerciera la defensa del ex alcalde José Montelongo. Arrecife aún no ha presentado ese escrito de acusación.

De hecho, la representación legal del Ayuntamiento pide más medios y más tiempo. En una diligencia del pasado 9 de octubre, el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife ordenaba que se diera traslado de las actuaciones para formular su acusación y decía que es imposible la digitalización de esas actuaciones por su volumen y porque el Juzgado no tiene ni personal ni mecanismos para esa digitalización, por lo que traslada la causa en papel.

Ante esta diligencia, la representación del Ayuntamiento recuerda que en enero de 2016 se dictó un auto por el que se acordaba la digitalización de las actuaciones, además de que el auto es firme puesto que no fue recurrido.

El abogado del Ayuntamiento de Arrecife, Orlando Betancort, señala que la digitalización facilita el estudio de la causa, “amén de la protección al medio ambiente que supone no tener que utilizar miles y miles de folios” y dice que la digitalización era un “clamor de todas las partes”.

Asegura que la labor de fotocopiado supondrá la pérdida de parte del plazo existente para hacer el escrito de calificación, y que a eso hay que unir el considerable espacio físico que conllevará el archivo de toda la causa.

La Fiscalía presentó su escrito de acusación en mayo del año pasado y el Ayuntamiento de Arrecife reclama que se digitalice la causa, mientras que el Juzgado alega que no tiene ni medios ni personal

También señala que el argumento del Juzgado de que no hay personal no es válido puesto que ese Juzgado tiene hoy el mismo número de trabajadores que en enero de 2016, y se han digitalizado 18 de los 19 tomos de la causa principal, por lo que no se puede admitir que el Juzgado no disponga de medios.

Por tanto, pide al Juzgado que deje sin efecto esa diligencia y que se digitalice la causa para poder cumplir con los plazos para presentar el escrito de acusación.

El Ayuntamiento también había recurrido el pase a procedimiento abreviado de la causa, así como el archivo de la causa para el tesorero municipal, Antonio Cabrera Panasco, pero la Audiencia Provincial, en un auto del pasado mes de septiembre, no le dio la razón.

30.000 euros para personarse

Por otra parte, la defensa del ex alcalde de Arrecife, José Montelongo, que ahora ejerce el ex parlamentario Manuel Fajardo Palarea, realiza alegaciones, en la pieza de Inelcon, sobre la posibilidad de que las asociaciones Acción cívica contra la corrupción y la Asociación de juristas Jiménez de Asúa (que fue expulsada del caso Unión) se personen como acusaciones populares.

La Fiscalía exige una fianza para que se pueda personar Acción cívica, una asociación independiente que brinda su estructura para que abogados puedan personarse en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos. La Fiscalía no cuantifica la fianza, pero la defensa de uno de los investigados, Miguel Ángel Leal, solicita 30.000 euros.

La defensa de Montelongo cita jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se exige fianza a otras asociaciones para ejercer la acción popular. El escrito presentado dice que esa fianza no sería un “obstáculo insalvable” para que Acción cívica contra la corrupción reuniera ese dinero ya que “muchos de su integrantes son profesionales liberales”.

También considera que en el procedimiento ya hay varias acusaciones, como la que ejerce la Fiscalía y el Ayuntamiento de Arrecife, como perjudicado, y que las nuevas personaciones resultarían infundadas, añadiendo que si se estiman, se complicaría aún más la tramitación del procedimiento en curso, porque habría que esperar a sus calificaciones, aunque sólo pueden adherirse a las realizadas ya por la Fiscalía.

Por último, señala que, en caso de que prospere  alguno de los múltiples recursos que hay interpuestos hace más de un año y que se retrotraiga el procedimiento abreviado de nuevo a diligencias previas, habría cuatro acusaciones: la pública, la particular y dos populares.