El Pleno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado inicialmente el marco regulador para la concesión de prestaciones económicas de emergencia social destinadas a víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Esta iniciativa responde a la necesidad de establecer un régimen de concesión directa para la adjudicación de aportaciones individuales y puntuales para futuros ejercicios, permitiendo atenuar la dependencia económica que con frecuencia dificulta la ruptura del círculo de la violencia.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, incidió en la importancia de erradicar la violencia machista, así como en la protección integral de las víctimas y supervivientes en ambas islas. En este sentido, señaló que "la prioridad institucional ante estas situaciones de extrema precariedad debe articularse bajo principios de máxima celeridad, sensibilidad y eficacia, aportando recursos ágiles que actúen como un soporte real para que las mujeres puedan iniciar una nueva vida independiente y segura alejadas de sus agresores".

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, explicó que el texto recoge una amplia variedad de necesidades subvencionables evaluadas técnicamente por el personal de la administración: "las bases regulan la cobertura de necesidades básicas como alimentación e higiene, soluciones alojativas que incluyen fianzas y alquileres alternativos, tratamientos sanitarios no cubiertos por el sistema público, gastos formativo-laborales para mejorar la empleabilidad, y necesidades escolares de los menores a su cargo. También contempla supuestos excepcionales para la atención de deudas derivadas de la violencia económica y prestaciones de urgencia vinculadas a casos de feminicidio".

Según la nueva norma las prestaciones ordinarias contarán con un límite general por expediente, el cual podrá incrementarse de forma excepcional ante circunstancias de acreditada gravedad social, mediante un informe técnico de valoración. Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y la seguridad de las beneficiarias, las ayudas quedan expresamente excluidas de publicación en diarios oficiales y portales de transparencia, priorizando el derecho a la intimidad sobre la publicidad activa.

Tras esta aprobación inicial, el documento será sometido a información pública y audiencia de las personas interesadas durante un plazo mínimo de treinta días mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas antes de su entrada en vigor definitiva.