El pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó hace un mes, en el Debate sobre el estado de la Isla celebrado el 11 y 12 de diciembre pasado, convocar una Junta de portavoces (que forman todos los partidos) para concretar un calendario y que todos los grupos “hagan esfuerzos adicionales de participación y consenso político al objeto de al menos llevar a cabo la aprobación inicial del Plan Insular durante la presente legislatura y poder dar la oportunidad a los ciudadanos a que se manifiesten sobre el mismo a través de las oportunas alegaciones”.

La aprobación del Plan Insular se ha retrasado en múltiples ocasiones y no ha avanzado nada desde el año 2012. La resolución, presentada por Coalición Canaria y apoyada por PSOE y PP, con la abstención de Alternativa Ciudadana y PIL, se aprobó hace un mes pero no se ha hecho nada para cumplirla. Fuentes de la oposición aseguran que aún no se ha convocado esa Junta de portavoces.

En los antecedentes de esa resolución instada por CC se señalaba que “Lanzarote se encuentra en un momento crucial para aprobar el PIO”, y que sería “enormemente positivo” que este documento contara con el mayor grado de participación y consenso posible.

CC da ahora por imposible la aprobación definitiva del PIO y se conformaría con la aprobación inicial

También se destaca que “ya ha habido múltiples reuniones con los partidos y oportunidades para hacer aportaciones al documento” y que “asumiendo que difícilmente se podrá alcanzar un grado de consenso del cien por cien sobre el mismo nos parece necesaria la participación de los ciudadanos, hecho que sólo es posible mediante la apertura del plazo de exposición pública para hacer las alegaciones que se abrirían tras la aprobación inicial del mismo”.

Los plazos para aprobar el nuevo Plan Insular se han ido retrasando desde el año 2010 y el PIO se tramita desde hace ya seis años. La intención de Pedro San Ginés era la de aprobar el documento de forma definitiva pero aún no ha logrado siquiera la aprobación inicial, tras la que se abriría un periodo de exposición pública y alegaciones, la aprobación provisional y por último la aprobación definitiva.