El Cabildo de Lanzarote, a través de la consejera de Patrimonio Histórico, Ariagona González, en base a un informe emitido por ese departamento, presentó cuatro alegaciones al texto de modificación del Reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural de Arrecife.

El Cabildo alega sobre cuestiones relativas al propio objeto del Consejo, a su funcionamiento y su composición. Tanto el Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote como el grupo municipal de Lanzarote en Pie presentaron también sus alegaciones.

En primer lugar, el Cabildo considera, respecto al objeto del Consejo, que “no se entiende cómo es posible que un órgano asesor, pensado para aquellos municipios con conjuntos históricos, puede conformarse como un eficaz instrumento para la aplicación del régimen jurídico del patrimonio cultural de Canarias, en un municipio en el que además de carecer de conjunto histórico declarado, su catálogo municipal presenta deficiencias profundas tanto en su contenido como en el volumen de elementos catalogados”.

La ausencia de un catálogo adaptado a la nueva normativa y a la realidad patrimonial de Arrecife podría generar “una enorme inseguridad jurídica a las personas que integren ese Consejo, dificultando la correcta y eficiente gestión de los asuntos patrimoniales del municipio”.

Además, el Cabildo señala que los consejos municipales no son servicios técnicos, sino órganos consultivos “y como tales no pueden emitir informes sino dictámenes”. El Reglamento permite la posibilidad de intervenir en elementos patrimoniales simplemente a través de una comunicación previa o declaración y la Corporación insular señala que las intervenciones en los elementos catalogados, de acuerdo con la normativa urbanística, nunca pueden ser objeto de comunicación previa o declaración responsables, sino de un acto reglado como es una licencia. Y solicita que el Ayuntamiento de Arrecife proceda a incluir de forma inmediata en su catálogo municipal los elementos.

La ausencia de un inventario adaptado a la nueva normativa y a la realidad patrimonial de Arrecife podría generar “una enorme inseguridad jurídica” para el órgano asesor del Ayuntamiento de la capital culturales presentes en su municipio, “de los cuales tiene pleno conocimiento y que las obras en los mismos no puedan ser objeto de una comunicación previa o declaración responsable, a fin de evitar daños irremediables en nuestro patrimonio”.

También destaca que el Reglamento pretende atribuir funciones a un órgano consultivo que la ley no reconoce y que además no estaría conformado por empleados públicos de la administración. “De este modo, se plantearía que los criterios técnicos de actuación no serían fijados por técnicos de la administración pública especializados en Patrimonio, sino por representantes de determinados gremios o sectores de la sociedad”, añade.

Respecto a la composición del Consejo, el Reglamento contempla que haya representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote con cualificación técnica, así como del Colegio de Abogados con la misma cualificación y de la Universidad, pero en el caso del representante del Cabildo no especifica que tenga que tener cualificación.

Arrecife pretende que se pueda intervenir con declaración previa, sin licencia

El Cabildo pide que sea una persona especialista en Patrimonio Cultural con capacidad de emitir informes técnicos. También entiende que, por las características del Patrimonio de Arrecife, el Consejo debería estar formado fundamentalmente por historiadores y antropólogos o etnógrafos, con la capacidad técnica suficiente para entender la particularidad del patrimonio cultural de Arrecife y poder evaluar correctamente así el impacto de las posibles intervenciones sobre los valores patrimoniales.

En cuanto a otras funciones, pide que se permita que se puedan dejar expedientes sobre la mesa, ya que el Reglamento recoge ahora la obligatoriedad de los miembros de pronunciarse, lo que el Cabildo considera una vulneración de derechos individuales “y aún más cuando los asuntos pretenden que sean tratados en un escenario totalmente carente de seguridad jurídica por no contar con un catálogo de protección”.

Respecto a la cuestión de no dar traslado de los expedientes a otras administraciones, entiende el Cabildo que vulnera los principios básicos del funcionamiento de las Administraciones. Este asunto también lo aborda el Colegio de Arquitectos señalando que “resulta contrario a los principios de colaboración y coordinación institucional recogidos en la propia Ley de Patrimonio Cultural de Canarias y choca frontalmente contra el sistema competencial de la Ley y contra la debida coordinación interadministrativa”.

Consideran los arquitectos que el Cabildo insular tiene competencia para emitir informe en todos los expedientes relacionados con dichas materias y también pide que los informes del Consejo sean preceptivos pero no vinculantes.

Lanzarote en Pie apoya esta última alegación y, en cuanto a la posibilidad de que el Consejo pueda validar los informes de valores emitidos por particulares o promotores, si así lo considera oportuno, cree que así “se propone otorgar funciones de áreas y personal técnico de la Administración al Consejo Municipal”. “Esta modificación puede estar promoviendo la suplantación de las funciones y competencias propias del personal funcionario”, señalan.