El Ayuntamiento de Arrecife, como acusación particular, pide penas altas de cárcel en una de las piezas del caso Montecarlo, la que está relacionada con los pliegos de licitaciones que se encargaban a empresas de José Vicente Montesinos, el que se considera el presunto testaferro del ex interventor municipal, Carlos Sáenz.

En esa pieza hay cuatro acusados. Para los dos mencionados, Arrecife pide una pena de más 15 años de cárcel por prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho y blanqueo de capitales.

Además, para Javier Betancort, que trabajaba para esas empresas, el Ayuntamiento le pide una pena de cinco años y 10 meses de cárcel, y para el abogado Federico Toledo una pena de cuatro años y 10 meses por un delito contra la Administración de justicia en su modalidad de deslealtad profesional dolosa. Son las mismas penas que pide la Fiscalía.

El Ayuntamiento presentó esta acusación el pasado mes de noviembre, aunque aún no había trascendido. La presentó el abogado Orlando Betancor, que un mes después renunció a representar al Ayuntamiento en esa causa alegando motivos personales y profesionales, sin presentar la acusación en el resto de las piezas.

En esta pieza se investiga un presunto desfalco de casi 330.000 euros a través de encargos a las empresas Gestecal, Progestril y Recingest entre 2008 y 2010. Según la acusación, Betancort trabajaba para esas empresas y había conocido tanto a Montesinos como a Sáenz cuando era concejal de Hacienda con el PP en San Bartolomé, donde ambos habían prestado sus servicios, uno como representante de esas sociedades y el otro como interventor.

Al ex concejal se le encargaba que redactara pliegos de condiciones para llevar a cabo concursos de suministros para el Ayuntamiento, pero los concursos después no se llevaban a cabo, según el Consistorio. Por esos pliegos cobraban entre 15.000 y 18.000 euros, el límite del contrato menor y de adjudicación directa.

Betancort se encargaba de hacer de “nexo entre las partes”, dice la acusación del Ayuntamiento, y de gestionar los contratos, así como de presentar los pliegos, las facturas y hacer el seguimiento para que fueran pagadas.

“El descaro y absurdo llegó a tal extremo -dice el escrito de acusación- que los innumerables pliegos no sólo no fueron presentados por registro alguno sino que fueron remitidos al Ayuntamiento por parte del señor Betancort vía correo electrónico” desde su cuenta personal. Los enviaba al correo de un asesor del concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, ya fallecido, y que estaba al tanto de todo y lo permitía, tal y como llegó a confesar en la causa.

Los pliegos “eran idénticos en contenido y en número de páginas “y solo se cambiaba el tipo de suministro en cada ocasión”. Según la acusación, se podían haber obtenido, sin coste alguno, de la página web del Gobierno de Canarias.

Entre los contratos, además de labores de asesoramiento, había pliegos para suministros de combustible para el parque móvil, para la Policía Local, de material de limpieza, de material de librería, de cemento, papelería, ferretería, pintura, suministros eléctricos, repuesto de vehículos, software o asfalto.

Todo esto se pudo hacer gracias a que el encargado de fiscalizar los pagos, que era el interventor, era quien se beneficiaba de ellos. Las empresas de Montesinos cobraban y después el empresario le pagaba a Sáenz (que actualmente cumple condena por otra causa) una parte en metálico.

La investigación determinó que Sáenz era socio de otra sociedad de Montesinos, Tributos La Oliva, que gestionó el cobro de impuestos en ese ayuntamiento majorero cuando él mismo ejercía como interventor municipal.

Todo esto se pudo hacer gracias a que el encargado de fiscalizar los pagos, que era el interventor, era quien se beneficia de ellos. Las empresas de Montesinos cobraban y después le pagaban

Sáenz, además, respondía de un crédito solicitado por Progestril para pagar un inmueble en Puerto del Rosario, y también ingresó entre 2005 y 2010 más de 250.000 euros en efectivo en tres cuentas corrientes de tres entidades bancarias distintas.

Pero hay más. Las facturas se pagaron entre 2009 y 2010. Menos cinco, que sumaban 85.000 euros. En 2011 Montesinos reclama por la vía judicial el pago de esas facturas. Según el escrito de acusación, el Ayuntamiento contrató para este pleito al abogado Federico Toledo, que había sido compañero de partido de Betancort, en el PP, y que “de forma consciente y malintencionada no ejerció su labor de forma profesional”.

Esas facturas, finalmente fueron reconocidas y pagadas, con certificaciones de legitimidad por parte del propio interventor y gracias a un reconocimiento extrajudicial de crédito para proveedores locales promovido por el Gobierno central. Fue el 14 de mayo de 2012, solo 15 días antes de que estallara la operación y detuvieran al interventor, entre otros.