El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha visitado este miércoles las obras de construcción de las 201 viviendas protegidas de la promoción pública Los Geranios, en Arrecife, donde ha informado de que dos de los tres edificios estarán disponibles a lo largo de 2026.

Durante la visita, en la que también participaron el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega; el consejero de Vivienda del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez; y el teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, se comprobó el nivel de ejecución de esta actuación incluida en el Plan de Vivienda de Canarias.

La promoción contempla la construcción de tres edificios de 67 viviendas cada uno, que suman un total de 201 inmuebles protegidos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, incluyendo viviendas adaptadas y tuteladas.

Cada edificio dispondrá de plazas de garaje, trasteros y sistemas de eficiencia energética, como instalaciones fotovoltaicas para el suministro de las zonas comunes y equipos de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria.

La actuación contempla tres bloques de 67 viviendas cada uno dentro del Plan de Vivienda de Canarias

La ejecución de las tres promociones supone una inversión conjunta superior a 27 millones de euros.

"Buscamos dar respuesta al principal problema que hoy tienen los canarios y canarias, que es el de la vivienda”, dijo el consejero, quien añadió: “Incrementamos el parque público de vivienda para que las personas residentes en Lanzarote puedan acceder a una vivienda asequible y digna y desarrollar su proyecto de vida”.

“Estos más de 200 inmuebles que hoy visitamos son un ejemplo claro de ese compromiso con la vivienda pública, de los que dos edificios estarán disponibles a lo largo de este 2026", agregó Rodríguez.

El consejero también ha explicado que Visocan dispone de una parcela en el mismo entorno en la que está previsto desarrollar otras 200 viviendas. "Hace un mes sacamos a licitación el proyecto de redacción, proceso al que se han presentado unas 10 empresas. Por tanto, nuestra previsión es contar con esta adjudicación antes de que acabe la legislatura”.

“Al final serán 400 viviendas públicas en la misma zona, entre las promociones del ICAVI y las que tiene proyectadas la empresa pública", ha indicado.

Residencia en vez de sorteo

Las viviendas dejan de adjudicarse por sorteo y se priorizará la situación social, económica y familiar de quienes acrediten al menos 10 años de residencia en Canarias

En relación con el nuevo decreto de adjudicaciones de vivienda, Rodríguez ha afirmado que "supone un cambio necesario en el acceso a la vivienda pública en Canarias. Dejamos atrás el sistema de sorteo para implantar un modelo más justo, basado en un baremo que tiene en cuenta la realidad social, económica y familiar de cada persona”.

“De esta forma garantizamos que las viviendas públicas lleguen a quienes más lo necesitan, priorizando además a las personas que llevan al menos diez años residiendo en Canarias. Es un paso firme para asegurar que la vivienda pública, financiada con los impuestos de los canarios y canarias, cumpla verdaderamente su función social", apuntó.

Alquiler social y asequible

El consejero explicó que el destino de las viviendas se determinará entre dos modalidades: alquiler social y alquiler asequible. Según detalló, el alquiler social está dirigido a las familias más vulnerables, con ingresos que no superen 1,5 veces el IPREM, mientras que el alquiler asequible se destina a unidades familiares con ingresos de hasta 4,5 veces el IPREM, con algunas singularidades.

Las viviendas se destinarán a alquiler social, para ingresos de hasta 1,5 veces el IPREM, o a alquiler asequible, hasta 4,5 veces este baremo

Indicó que la distribución entre ambas fórmulas se acordará con el ayuntamiento y que podría contemplarse que parte de los edificios se destinen a alquiler asequible y otros a alquiler social. Añadió que esa decisión se adoptará de forma conjunta con el consistorio, al considerar que conoce las demandas de los vecinos de la zona.

El IPREM es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y para 2026 se mantiene congelado en 600 euros, equivalentes a 7.200 euros anuales en 12 pagas u 8.400 euros en 14 pagas.