La Dirección General de Costas sigue intentando ejecutar una sentencia firme sobre el aparthotel Fariones, en Puerto del Carmen, para derribar la parte del edificio que se encuentra dentro del dominio público marítimo terrestre, ocupando una parte de Playa Grande, pero también la franja que ocupa la servidumbre marítimo terrestre.

La sentencia firme que aún no se ha ejecutado es de octubre de 2002 y se refiere a un expediente sancionador iniciado por Costas en el año 1990. La primera sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es de 1996 y daba la razón en parte a la propiedad del hotel, la sociedad Playa Blanca S.A, entonces del empresario Juan Francisco Rosa.

El TSJC anuló la resolución de Costas, pero el Tribunal Supremo, después, dio la razón a la Abogacía del Estado y dio vía libre al derribo fijado en ese expediente de Costas.

La resolución de Costas determinaba que el hotel invade 40 metros cuadrados de zona de dominio público, en una construcción semicircular que pertenece a un bar, a los que hay que sumar otros 700 metros de terrazas y jardines.

De la servidumbre de tránsito, el edificio ocupa 256 metros cuadrados y los jardines 1.110 más, mientras que de la servidumbre de protección el hotel invade otros 1.010 metros cuadrados y las terrazas casi 1.800 más.

Las resoluciones no ordenan la demolición de la servidumbre de protección pero sí de la de tránsito, “que deberá quedar expedita para el paso público peatonal”, y del dominio público, la zona más cercana a la playa.

La franja que invade el hotel está entre los hitos 48 al 52 del deslinde de dominio público aprobado por Orden Ministerial de 16 de marzo de 1979. Han pasado casi veinte años y la sentencia no se ha ejecutado pero, en todo este tiempo, sí ha seguido habiendo movimiento de papeles en los Juzgados.

Al hacerse firme la sentencia se abrió el periodo de ejecución voluntaria para el derribo. Como la propiedad no derribó, se pasó a la ejecución subsidiaria. Costas debe redactar un proyecto de demolición, ejecutarlo y pasar la factura, vía Hacienda, al hotel.

El establecimiento presentó un recurso solicitando que se paralizara el procedimiento, pidiendo medidas cautelares para impedir la ejecución. Esas medidas cautelares ya han sido rechazadas por dos veces por los tribunales.

El establecimiento recurrió, solicitando que se paralizara el procedimiento

Lo último que ha hecho la propiedad para impedir el derribo y ganar aún más tiempo es presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, otra vez, contra esa desestimación de las medidas cautelares.

Y además ha hecho otra cosa: impedir el paso al hotel a un técnico de Costas enviado para hacer las mediciones necesarias para hacer el proyecto de lo que hay que derribar, alegando que aún hay un recurso por resolver.

Fuentes jurídicas consultadas por Diario de Lanzarote señalan que el recurso de casación no frena la ejecución, precisamente porque se trata de una sentencia en esa fase, la de ejecución.

La construcción del aparthotel ya fue objeto, en la década de los años ochenta, de un primer expediente sancionador, incoado por la Comandancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria. Las obras se paralizaron pero la empresa pagó una multa y solicitó la legalización y la autorización para continuar las obras.

Ante el expediente de Costas de 1990, Juan Francisco Rosa alegó que la Comandancia ya había autorizado en 1988 la ocupación de la servidumbre de salvamento.

Foto: Jazz Sandoval.

Condiciones

Sin embargo, esa autorización estaba sujeta a varias condiciones que tampoco se cumplieron: tramitar una solicitud de concesión administrativa, que el punto más próximo de edificación a la línea de deslinde estuviera a una distancia de al menos seis metros, que la franja de vigilancia litoral quedara libre de obstáculos y cerramiento para uso público y que se modificaran los planos del proyecto para que las balconadas no invadieran la servidumbre legal.

El hotel está cerrado al público y acogido al tercer Plan de Modernización

Como no se cumplieron estas condiciones, la sanción siguió adelante. El hotel pertenece al grupo empresarial que administra Rosa María Rosa Martín, a través de la sociedad Frateromar. El hotel se ha renombrado ahora como Suite Hotel Fariones, de cuatro estrellas, perteneciente al Grupo Plus Fariones Hotels, junto a los Apartamentos Fariones y los Hábitat en Arrecife.

Actualmente está cerrado al público y ha solicitado acogerse al tercer Plan de Modernización de Puerto del Carmen. De hecho, se están realizando obras de mejora que, según se exlica en su página web, tendrán una duración de 18 meses.

“Sabemos que esta decisión implicará una larga espera para reencontrarnos, pero esta espera valdrá la pena, os lo garantizamos. Como bien dijo Leo Tolstoi: Todo llega a su tiempo al que sabe esperar”, señala la página web.