Las expectativas urbanísticas de los dueños del Islote del Francés se han evaporado. El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de sacar el expediente para actualizar el deslinde del dominio público marítimo terrestre que afecta al islote, en el que cataloga toda su superficie como servidumbre de protección de Costas, lo que impide que se puedan construir nuevos edificios.

El Gobierno central ya había avisado de sus intenciones a través de una respuesta en el Congreso de los diputados a comienzos de año. Ahora lo hace de forma oficial en el expediente para actualizar el deslinde en el tramo de costa del Islote del Francés.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente señala en una resolución, a la que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, que los terrenos correspondientes al Islote del Francés tenían la consideración de “suelo urbanizable” cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988, “por lo que les correspondería la anchura general de la servidumbre de protección” de 100 metros desde el límite interior de la ribera del mar.

La resolución, fechada el pasado 30 de agosto y firmada por el coordinador de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, José Ramón Martínez Cordero, forma parte del expediente del nuevo deslinde, que viene a actualizar el que se efectuó en junio de 1970.

La Demarcación de Costas de Canarias subraya que esa delimitación antigua “no se considera conforme” a la normativa vigente y resalta que pueden existir “bienes con características de dominio público marítimo terrestre no incluidos en el mismo”, de acuerdo con lo reflejado en un informe, del pasado mes de enero, del servicio de vigilancia de Lanzarote.

En el plano que incorpora el expediente del nuevo deslinde, que saldrá de forma inminente a exposición pública, toda la superficie del islote aparece como zona de servidumbre de protección marítimo terrestre.

La Ley de Costas establece que esa servidumbre tiene como objetivo la defensa e integridad del dominio público marítimo terrestre. Así que, aunque los terrenos sean de propiedad privada se limitan las instalaciones y las obras permitidas. En ese sentido, entre las limitaciones destaca la prohibición en la zona de servidumbre de “las edificaciones destinadas a residencia o habitación, incluyendo las hoteleras”.

Esta limitación despeja la posibilidad de que se produzca un desarrollo urbanístico del Islote del Francés. Sobre esta pieza de suelo, clave para el litoral de la ciudad, el equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife llegó a plantear edificios de siete plantas de altura, con la posibilidad de levantar hasta 405 viviendas y construir 69.434 metros cuadrados.

En la última versión del planeamiento municipal, en fase de elaboración, se contemplaba como uso principal el residencial y como usos alternativos el hotelero o el comercial. No obstante, cuando se presentó el PGO el año pasado, su máxima responsable, Eva Padrón, reconoció que el futuro del islote estaba “condicionado” a lo que decidiera el Ministerio: si consideraba el suelo urbano y dejaba una franja de servidumbre de solo 20 metros daría vía libre a la construcción.

El Ministerio de Transición Ecológica, al entender que el planeamiento en vigor cuando se aprobó la Ley de Costas no recogía el suelo del islote como urbano, criterio plasmado en el expediente del deslinde, desbarata los planes de los propietarios.

¿Qué puede hacer ahora Cortezo con el Francés?

Jaime Cortezo, propietario del Islote del Francés, ha amenazado con indemnizaciones millonarias si no se le permite construir. Ha llegado a reclamar más de 200 millones de euros al Ayuntamiento. Por ahora solo ha encadenado derrotas.

Así, la Comisión de Valoraciones de Canarias acordó, en mayo de 2016, rechazar su solicitud de que se fijase un justiprecio del Islote del Francés. Sin embargo, el organismo recalcó que no existía ninguna determinación en el planeamiento de Arrecife que legitimase la expropiación. En el PGO en vigor, de 2004, el islote es un sistema general público y el Consistorio lo obtendría a cambio de compensar con suelo en La Bufona y Naos.

Con la decisión del Ministerio, que considera urbanizable, a efectos del deslinde, el suelo del islote y lo dibuja por completo como zona de servidumbre de protección, la normativa de Costas abre una serie de posibilidades a la propiedad.

Por ejemplo, impide construir viviendas u hoteles, salvo que cuente con una “autorización excepcional del Consejo de Ministros” por su “excepcional importancia” y “razones económicas justificadas”, pero excluye de la prohibición “las acampadas” y los “campings debidamente autorizados con instalaciones desmontables”. También puede, siempre con autorización, implantar instalaciones de cultivo marino o salinas.