El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza llevan más de un año tratando de encajar el puzzle de la ordenación del litoral de Playa Blanca sin que ninguna pieza se quede fuera. El Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza, que se aprobó en 2014, fue anulado cuatro años después por el Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) porque le faltaba el informe de Costas.

El año pasado, la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, recalcó en un informe plagado de objeciones que la zona de servidumbre de Costas debía ser de 100 metros y no de 20, como se recogía en el PGO anulado.

Oñoro lanzó una advertencia final: hasta que no se tuvieran en cuenta sus reparos, su Dirección General “no puede informar favorablemente el Plan General” de Yaiza. Una posible salida es la que se abre paso: llevar a cabo nuevos deslindes, especialmente en Playa Blanca, antes de decidir finalmente el ancho de la franja de protección.

El elemento que está en discusión es la servidumbre de protección de Costas, principalmente en Playa Blanca, la zona urbana costera más grande del municipio. El Plan General dibujó esa servidumbre en 20 metros precisamente por tratarse de un área urbana y Costas consideró que el ancho a proteger deberían ser 100 metros, lo que afectaría a casi todas la construcciones a lo largo de la línea de costa entre el Faro de Pechiguera y Las Coloradas.

El informe de Oñoro decía que debía reflejarse en el planeamiento municipal “la servidumbre de protección de 100 metros de anchura en los deslindes no adaptados a la Ley de Costas, ya que es la Administración del Estado a través de la incoación del deslinde, y nunca un instrumento de planeamiento, la que tiene la potestad para establecer los bienes de dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección”.

El deslinde entre la punta de Papagayo y Playa Blanca se aprobó en julio de 1986, y el que va desde el núcleo original de Playa Blanca hasta la punta de Pechiguera es de diciembre de ese mismo año. En ambos casos, antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988. Es ahí donde surge la diferencia de criterio: en el Plan General aprobado por el Gobierno de Canarias basta que las urbanizaciones simplemente estuvieran aprobadas mediante su correspondiente plan parcial antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas para que pudieran ser consideradas como zona urbana y tener una servidumbre de protección de 20 metros.

En cambio, el Ministerio para la Transición Ecológica sostiene el criterio de que las urbanizaciones debían estar ejecutadas antes del 29 de julio de 1988, cuando empezó a tener efectos la Ley de Costas. En el litoral de Playa Blanca casi todos los deslindes se aprobaron antes de la Ley de Costas pero, según el Gobierno autonómico, las urbanizaciones ejecutaron sus planes parciales con informes favorables de la propia Demarcación de Costas de Canarias.

En su informe, la directora general de la Costa y el Mar recalcaba que debían “corregirse” los planos de Puerto Calero, tanto la urbanización actual como un nuevo sector hacia Cortijo Viejo, además de los de la urbanizaciones Las Coloradas, San Marcial del Rubicón, Castillo del Águila, Costa Papagayo y Montaña Roja, “debiendo reflejarse la servidumbre de protección de 100 metros de anchura en los deslindes no adaptados a la Ley de Costas”. El Gobierno central considera que la zona de influencia de Costas, que puede ser de 200 o 500 metros, también podría estar afectada.

Reuniones

En marzo de 2021, el Gobierno de Canarias tomó un acuerdo en la Comisión de Informe Único, que sustituye en parte a la antigua Cotmac, para ejecutar la sentencia sobre la nulidad del Plan General de Yaiza. Tres meses después llegó el demoledor informe de la directora general de la Costa y el Mar.

Desde entonces, se han producido varias reuniones entre las tres administraciones (Ayuntamiento de Yaiza, Gobierno de Canarias y Ministerio para la Transición Ecológica) y, aunque no se ha avanzado de forma concluyente, el Gobierno central volverá a dibujar el deslinde marítimo terrestre de todos los tramos de litoral que se ordenaron antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, como primer paso para fijar después el criterio sobre si la franja de servidumbre es de 20 o de 100 metros.

Hay un plazo de un mes para las alegaciones y dos años para concluir el procedimiento

El pasado 29 de julio, Costas ya inició el procedimiento para estos nuevos deslindes. La línea que marca el dominio público, probablemente, no varíe en absoluto, según las fuentes consultadas, pero el deslinde tiene que salir a exposición pública, por lo que todos los afectados, particulares y administraciones, pueden hacer sus alegaciones, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Hay un plazo máximo de un mes para las alegaciones y dos años para concluir el procedimiento.

Mientras tanto, se acaba de anunciar que en enero se transfieren las competencias de Costas del Gobierno central al Gobierno de Canarias, que ya tiene gran parte de las responsabilidades en la materia, como los permisos en la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre, pero ahora asumirá las autorizaciones también en la zona de dominio público.

Sin embargo, seguirá sin tener la potestad de marcar la línea del deslinde del dominio público, que es una competencia del Estado. Tampoco está claro, según el criterio de Costas, si la sentencia del Plan General de Yaiza afecta solo a los suelos no construidos o a todos los terrenos, lo que podría provocar un agravio comparativo con aquellos propietarios que no han edificado.

El informe de la directora general decía que en los deslindes no adaptados a la Ley de Costas “deberá solicitarse a la Demarcación de Costas de Canarias la línea probable del deslinde para poder valorar la ordenación propuesta por el Plan General en las zonas afectadas por la normativa de Costas”.

Acceso al mar

Otro aspecto delicado son los accesos al mar. La directora general destacó que “en ninguno de los planos” del Plan General anulado “se señalan los accesos al mar”, algo que debería hacerse, “debiendo tener en cuenta que en las zonas urbanas y urbanizables” los accesos al mar de tráfico rodado deberán estar separados entre sí “como máximo 500 metros” y “los peatonales 200 metros”. En el Ayuntamiento de Yaiza parten de la base de que existe un paseo marítimo que permite el acceso a la costa a lo largo de todo el litoral, independientemente de esas mediciones.

Si finalmente se respeta el criterio del Plan General, después de efectuar los nuevos deslindes, la anulación del planeamiento municipal, que se hizo inicialmente por un defecto de forma, por la ausencia del informe que debía emitir Costas, no afectaría al fondo y se podría aprobar de nuevo el PGO sin modificar apenas nada, con 20 metros de servidumbre de protección.

“La servidumbre de tránsito se encuentra interrumpida por edificaciones”

Si prevalece el criterio defendido hace un año por la directora general de la Costa y el Mar y se consolidan los 100 metros de protección, la situación se complicaría para diversas edificaciones, “con fecha de construcción muy posterior al año 1988”, que deberían acreditar “la legalidad de su construcción”. En esa línea, avisa que “ante una infracción de la normativa de Costas, se establece la obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior”.

Oñoro también plasmó en su informe otra anotación: “Se observa que la servidumbre de tránsito [al litoral] se encuentra interrumpida por edificaciones”, por lo que deberá “aclararse” su “legalidad”. En esa situación se encuentra el polémico hotel Papagayo Arena, símbolo de la ocupación turística del litoral en el sur de Lanzarote.