TRIBUNALES

Coalición Canaria en el Cabildo recurre el archivo de la causa de los Centros Turísticos

El grupo nacionalista sostiene que el juez obvió que “se prescindió de los procedimientos de contratación que estipulan la Ley y las normas de los CACT”

Pedro San Ginés y Samuel Martín, consejeros de CC en el Cabildo de Lanzarote.
Diario de Lanzarote 2 COMENTARIOS 11/12/2019 - 15:31

El grupo integrado por CC y PNC en el Cabildo de Lanzarote presentó el pasado lunes un recurso de reforma contra el archivo de la causa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, en la que figuraba el exsecretario general del Partido Socialista, Carlos Espino. El juez archivó la causa al concluir que no hay indicios de delito.

Entre las alegaciones presentadas, los nacionalistas insisten en que el instructor de la causa “no ha tenido en cuenta que con respecto a las facturas de los equipamientos de cocina en los CACT no existen procedimientos administrativos, ya que se prescindió de los procedimientos de contratación conforme a la Ley y normas internas de los CACT, haciendo la Administración una dejación absoluta de sus funciones”.

“Tampoco se habla del gasto global en equipamientos y montajes de cocinas que ascienden a casi un 1.000.000 de euros a empresas del mismo administrador en dos de ellas sin contrato alguno, y que sin duda sí se supera el 20% del único contrato por importe de 224.000 euros a una empresa que facturó 700.000 euros de ese millón, (contrato que por cierto en sí mismo también se saltó la Ley de contratos)”, aducen desde Coalición Canaria.

Los nacionalisutas aseguran que el auto “omite el contenido de las dos periciales que acreditan que los precios pagados por los suministros son muy superiores a los establecidos en el mercado en las tres referidas empresas”. “Una cosa es que las facturas que estén o no bien conformadas e incluso que se haya superado o no determinados porcentajes sobre un contrato determinado, que también fue irregular, y otra cosa es que ninguna de las facturas de todos los equipamientos de cocina tuviera cobertura legal”, asegura la formación.

“Es decir –insisten los nacionalistas- que incluso en el contrato en el que se dice que no se superó el 20% de incremento, se prescindió del procedimiento establecido en la Ley de contratos, amén de que en todos los casos había sobrecostes importantísimos sobre los precios de mercado”.

Asimismo, “tampoco parece haberse tenido en cuenta en el auto del archivo de la causa, desde la perspectiva del delito de prevaricación, las importantísimas declaraciones testificales de altos directivos de la empresa, que aseguran haber advertido directamente al consejero Carlos Espino y su director de desarrollo de que se estaban saltando los procedimientos legales y recibieron instrucciones de obedecer por mandato de consejero, entre otros argumentos jurídicos que fundamentan el recurso de reforma presentado”.

Querella “inquisitoria y peregrina”

El Juzgado número 3 de Arrecife archivó el caso, al no apreciar "indicio alguno" que permitiera sostener los delitos que los querellantes atribuían, entre otros, al exresponsable del área en el Cabildo Carlos Espino (PSOE).

Esta causa penal se puso en marcha en 2010, cuando la entonces consejera del Cabildo de Lanzarote al cargo de los CACT y presidenta insular del PP, Astrid Pérez, decidió llegar a los tribunales la gestión de su antecesor en el cargo, Carlos Espino, que en aquel momento era el secretario general del PSOE en la isla. Pedro San Ginés (CC) era el presidente del Cabildo.

En abril del año pasado, el juez que entonces estaba al frente de la investigación, Rafael Lis, determinó que existían "poderosos elementos indiciarios" que apuntaban a que Espino y el resto de querellados en la causa podían haber cometido delitos de prevaricación, falsedad o malversación de fondos públicos.

Y, como consecuencia de ello, exigió a Carlos Espino una fianza de 1,5 millones para cubrir sus posibles responsabilidades civiles.

Año y medio después, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lanzarote no aprecia indicio alguno de delito en los causa que heredó del magistrado Rafael Lis, cuya tramitación critica abiertamente en varios pasajes del auto de archivo.

El instructor José Luis Ruiz Martínez califica de "insólito y soprendente el desfase" que se ha producido en la tramitación de esta causa penal, tilda de "esperpéntico y fuera de lo usual" el trato dado a alguno de los imputados en este tiempo y reprocha a los querellantes haber pretendido llevar adelante una suerte de "inquisición general", basada en afirmaciones "peregrinas".

El magistrado critica "la injustificada ralentización" que ha sufrido este procedimiento penal y la "indolencia" que observa en "la resolución de los numerosos recursos de reforma" que presentaron las diferentes defensas para pedir su nulidad.

También critica que se permitiese a la asociación de juristas admitida como acusación popular, la Jiménez de Asúa, "campar por sus anchas por el procedimiento" y tilda de "insólito, sino temerario", el auto por el cual el juez Lis solicitó fianzas "millonarias" a algunos de los querellados en abril de 2018 (en una decisión luego dejada sin efecto por la juez que lo sustituyó en el cargo).

 

Comentarios

Digo yo... y este hombre todavía sigue hablando de justicia y claridad? Va a seguir hundiendo a CC? Por qué no le buscan un quehacer fuera de la política? Alguien lo soporta?
Coño, el majistrado Cantinero dixit

Añadir nuevo comentario