El Grupo Nacionalista en el Ayuntamiento de Arrecife ha pedido la comparecencia en el pleno ordinario de este mes de octubre de los concejales del PSOE Cristina Duque y Alfredo Mendoza para que expliquen los motivos de su no asistencia a la última Junta de Gobierno Local, donde estaba en juego la decisión sobre diversos asuntos de vital importancia para la ciudad.

Se trata de una actitud totalmente irresponsable, aseguran los nacionalistas, que ya se está convirtiendo en la tónica habitual de los socios de gobierno de la alcaldesa del PP, Ástrid Pérez.

Tal y como recalcan los concejales de Coalición Canaria, el PSOE ya ha convertido en costumbre incumplir sus obligaciones en este importante órgano decisorio “provocando inseguridad jurídica tantos a los interesados como al propio Ayuntamiento y recuperando viejas prácticas que nada bueno han traído para nuestra ciudad”.

Así, el portavoz de los nacionalistas, Echedey Eugenio, recuerda que en el pasado, cuando la Presidencia de la Corporación era responsabilidad de una alcaldesa socialista (Eva de Anta), “ya vimos cómo se retrasaban injustificadamente la concesión o denegación de determinadas licencias y autorizaciones sin una causa justificada, lo que ha provocado que el Ayuntamiento vuelva a estar inmerso en situaciones judiciales que acabaremos pagando los ciudadanos.

Añade además Eugenio que ya es la tercera vez “que se conozca” que los concejales del Partido Socialista tratan de dificultar la culminación de determinadas procedimientos administrativos municipales que derivan en una terrible inseguridad jurídica a la vez que en pleitos interminables contra la Administración.

“Es curioso que pretendan paralizar algunos proyectos sin un informe que lo avale y para otros se levante la mano sin cuestionarlos”, señala.

Esta falta de respeto de los socialistas hacia la ciudadanía con su no asistencia a un órgano tan importante como la Junta de Gobierno, se suma, por nombrar algunos casos, a las ocasiones en las que han propuesta dejar sobre la mesa, para acabar absteniéndose, la licencia del Centro Comercial ubicado en la antigua fábrica de Garavilla, o el voto “condicionado” inexistente en la ley con el que se pronunciaron con respecto al hotel Oriental.

“No puede ser que los intereses de los partidos políticos pongan en jaque la seguridad jurídica de la institución y queremos que nos expliquen en el Pleno todas estas circunstancias”, asevera Eugenio.