La Ejecutiva de Coalición Canaria (CC) expresó su apoyo al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y pidió a los partidos de la oposición la responsabilidad para que “prediquen con el ejemplo” y que hagan lo que Coalición ha hecho cuando se han dado casos en otras organizaciones, "donde siempre han apelado a la independencia judicial y mantenido el mismo criterio".

El juez Jerónimo Alonso ha dado por concluida la instrucción del caso de la incautación de la desaladora de la urbanización de Montaña Roja, abriendo el plazo para que la Fiscalía y las acusaciones formulen sus escritos de calificación y piden la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Los nacionalistas valoraron "positivamente" la comparecencia de San Ginés tras el auto judicial, que calificaron de "ejercicio de transparencia" y solicitaron a la Justicia "celeridad en la resolución de un conflicto que perjudica a la formación y una incertidumbre que no es positiva para la ciudadanía".

Además, Coalición Canaria apeló "a la responsabilidad de los partidos que se han adelantado a pedir la dimisión y que han variado su postura dependiendo de si afecta o no a miembros de su partido y tratando de confundir a la población".

Los nacionalistas recordaron que su código ético no obliga a ninguna dimisión en un caso en el que está claro que “no ha habido enriquecimiento personal ni para terceros o el partido” y añadieron que "no son esos los hechos que se juzgan sino una decisión basada en un proceso administrativo avalado por los informes pertinentes y que investigan si fueron bien adoptados".

Los nacionalistas considera que "no se juzga un delito de corrupción o enriquecimiento ilícito sino que se valora si una decisión adoptada para garantizar el abastecimiento de agua de 5.000 familias se hizo o no por el procedimiento adecuado y si la misma fue adoptada a sabiendas de su injusticia”.

En la Ejecutiva de CC, los miembros del comité local de Yaiza recordaron que la urbanización de Montaña Roja "tenía una situación de incertidumbre sobre un bien esencial, un servicio por el que pagaban más que otros ciudadanos de Lanzarote" y han aplaudido "la valentía del presidente para solucionar el problema de 5.000 familias de municipio de Yaiza".

El acuerdo se adoptó por unanimidad de los asistentes y en la Ejecutiva participaron miembros y representantes de los siete municipios así como la dirección y numerosos cargos públicos de las administraciones en las que tienen representación.