Hay procedimientos muy avanzados

Casi todas las bodegas pasarán por el Juzgado por denuncias del Seprona

Foto: Felipe de la Cruz.
Saúl García 9 COMENTARIOS 10/08/2015 - 07:16

Cuando uno tiene un problema puede intentar solucionarlo por sí mismo o bien hacer extensible el problema a otros para repartir esfuerzos. En La Geria no sólo hay una bodega con problemas legales urbanísticos y de vertidos. Todas las que están dentro de los límites del Paisaje protegido fueron denunciadas por vertidos y por cuestiones relativas a la ordenación territorial.

Antonio Curbelo, un empresario afín a Juan Francisco Rosa, el dueño de la Bodega Stratvs, denunció a nueve bodegas para intentar equiparar la situación de Stratvs con la del resto, mientras que el Servicio de protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha ido abriendo expedientes a otras tantas. Las denuncias del Seprona ya se habían producido cuando el empresario denunció.

En el caso de la denuncia de Curbelo tan sólo quedan dos bodegas: Martinón y La Geria, las dos únicas en las que, tras la denuncia y las inspecciones de la Guardia Civil, se ha detectado que vierten al terreno sin depuradora, mientras que las otras bodegas sí tienen depuradora. Lo que no se ha determinado es si esos vertidos son inocuos o causan algún perjuicio al suelo.

En este procedimiento también se había personado la asociación ecologista de Fuerteventura Agonane. Rosa se quiso personar también en ese caso como perjudicado y el Juzgado número 4 no se lo permitió porque consideró que el hecho de que esas bodegas vertieran o no, no le convertía en perjudicado. El empresario intentaba demostrar que todas las bodegas estaban en la misma situación, en cuanto a vertidos.

Se acusó de parcialidad en Stratvs partiendo de la base de que sólo se perseguía a esta bodega, cuando el Seprona ya tenía procedimientos abiertos

Después de ese intento, a finales del mes de abril se personó en ese procedimiento, como acusación popular el abogado de Agonane, que también se había personado en el caso Stratvs. La asociación ecologista ha acabado renunciando a su personación en ambas causas por “pérdida de confianza” en su abogado.

En estos dos casos, al igual que en las piezas del caso Unión, donde se ha personado el mismo abogado o sus socios, el modus operandi se parece más a una estrategia de distracción y de manejo del procedimiento para unos fines particulares que a una verdadera acusación.

Otra de las estrategias utilizadas fue la de acusar de parcialidad a la instrucción de Stratvs partiendo de la base de que sólo se perseguía a esta bodega, cuando el Seprona ya tenía procedimientos abiertos contra casi todas las bodegas de La Geria. La propiedad de Stratvs incluso llegó a advertir al Seprona, durante la inspección que le hicieron a la bodega, que sólo iban a por sus instalaciones.

La asociación  que renunció a la acusación en el caso Stratvs también se había personado en la denuncia contra las instalaciones en La Geria

Las otras bodegas denunciadas, sin embargo, tampoco están exentas de problemas. Algunas no están sujetas a ese procedimiento porque ya tenían procedimientos abiertos por los mismos hechos, por obras no autorizadas: En el caso de Bermejo, la Fiscalía pide la demolición de la parte de la bodega construida sin licenciaen un tipo de suelo categorizado como suelo rústico de protección de valor paisajístico y dentro de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y solicita una pena de dos años y nueve meses de prisión para los dos administradores por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave, así como una multa de 6.500 euros a cada uno.

Hay procedimientos contra otras bodegas también muy avanzados, con el escrito de acusación ya cercano, como el caso de Rubicón, Antonio Suárez o la bodega del ex alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín, como mínimo.

El Consejo Regulador del vino de Lanzarote planteó al Cabildo una modificación del Plan Especial de La Geria que permitiría que la mayoría de obras que no se ajustan al planeamiento pudieran encontrar un marco legal al que agarrarse.

El sector pide, entre otras cosas, que se permitan dos plantas de altura o 7,5 metros, que se puedan construir 4.000 metros sobre rasante y que la edificabilidad sea de dos metros y medio por cada cien metros de terreno.

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