“Tiene facturas vencidas pendientes de pago. Ha finalizado el estado de alarma, se reactivan los procesos de suspensión del suministro. Canal Gestión Lanzarote”. Mensajes como éste están llegando a numerosos abonados de la concesionaria del servicio público de agua, que había anunciado que suspendía los cortes durante el estado de alarma.

Unos días después de que se declarase la situación de alarma, Canal Gestión, que se ocupa de la explotación del abastecimiento de agua en Lanzarote desde junio de 2013, anunció a través de un comunicado que suspendía los cortes de suministro.

El 23 de marzo, la empresa resaltó que aunque el decreto dictado entonces por el Gobierno central establecía esa medida excepcional solo para aquellas familias que cumplían requisitos de vulnerabilidad, de forma voluntaria había decidido ampliar la medida a toda la ciudadanía.

El pasado 21 de junio se levantó el estado de alarma y Canal ha optado por apremiar a los abonados con mensajes de teléfono como: “Estimado cliente, su última factura se encuentra fuera de plazo de pago. En breve procederemos a la suspensión del suministro”.

Fuentes de la empresa señalan que Canal Gestión tiene unas 7.000 facturas pendientes de cobro en la actualidad y que la morosidad ha aumentado un 50 por ciento, en comparación con el año pasado, durante los tres meses que se prolongó el estado de alarma.

La morosidad se ha incrementado un 50% con respecto al año pasado

Desde la compañía también señala que existe un procedimiento, coordinado con los servicios sociales de los ayuntamientos, para que las personas sin recursos económicos puedan seguir recibiendo el suministro de agua.

En cambio, en círculos políticos se apunta a que ahora hay un elevado número de personas que está en situación precaria, como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, que desconoce los cauces para acceder a ese tipo de bonificaciones.

En la Isla había, a principios de junio, 16.871 personas en situación de desempleo y 19.191 con el puesto de trabajo suspendido y acogido a algún expediente de regulación de empleo.

El pasado viernes, el Cabildo acordó la declaración de emergencia social en Lanzarote para acortar plazos en la concesión de ayudas.