Insolidarios, ilegales e irresponsables. Así son los empresarios que ofrecen trabajo oculto en Lanzarote y que en el contexto autonómico representan un tercio de la actividad económica. Curiosamente, el 70 por ciento de la población lanzaroteña “ve normal” esta situación. Más datos: La inspección de Trabajo detecta cada día ocho trabajadores sin contrato en Canarias. Las intervenciones de los funcionarios durante el primer semestre del año detectaron hasta 1.505 empleos sin soporte legal, un dato que la propia administración pública califica de “demasiado alto”.

Las cifras no engañan. Actualmente, en la comunidad autónoma de Canarias, casi un tercio de la actividad económica que se está generando se realiza al margen de todo control de la administración, un dato que muestra la importancia de esta economía sumergida en el contexto socioeconómico. Otro de los datos que se han revelado es la transformación de más de 3.500 contratos irregulares y el hecho de que aflorasen 2.070 empleos entre enero y junio de este año en todo el Archipiélago. El plan contra la economía sumergida que desarrolla el Gobierno autonómico prevé realizar 1.280 actuaciones para vigilar la temporalidad, el uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial y el afloramiento de la economía sumergida, con un refuerzo de 32 nuevos inspectores destinados en las Islas.

Por su parte, los sindicatos responsabilizan al empresario de la situación de irregularidad en la que puede llegar a estar un trabajador. “El empleado no trabaja en economía sumergida si el empresario no se lo ofrece como condición”, señala la secretaria general de CC.OO en Lanzarote, Vanessa Frahija. “Aunque no se puede cuantificar un dato concreto de población afectada, nos consta que un porcentaje alto trabaja en economía sumergida”, señala.

La organización lleva a cabo desde el mes de marzo una acción de ‘acoso y derribo’ contra la economía sumergida y asegura que han aumentado las denuncias, a veces sin pruebas porque carecen de nóminas y, por supuesto, contrato. Concretamente en la Federación de Hostelería y Comercio que ella misma coordina se han presentado hasta la fecha 23 denuncias por contratación irregular ante la Inspección de Trabajo, a las que habría que sumarle las de otros departamentos. La forma de economía sumergida más habitual, según explica Vanessa, es aquella en la que se contrata al trabajador por menos horas de las que realmente realiza, puntualiza. “Es un fraude a la Seguridad Social y el trabajador está indefenso”.

Concienciar sobre los delitos a los que se enfrentan las empresas que actúan de forma irregular es uno de los cometidos de la CEL, mientras los sindicatos suman denuncias

Desde UGT también remarcan que han aumentado las denuncias presentadas en un 17 por ciento durante el primer semestre de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016 en economía sumergida en la modalidad de contrato. De ellas, la gran mayoría son por relaciones laborales en fraude de ley por reducción de jornada. Tal y como explica el secretario general, César Reyes, “se trata de gente que está contratada con contratos inferiores a las 40 horas, pero que está realizando la jornada completa. Esto contribuye no sólo a fomentar la economía sumergida, sino a las aportaciones a la Seguridad Social”.

Desde UGT llevan tiempo haciendo hincapié en la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones: local, insular y autonómica, para hacer inspecciones conjuntas que permitan acabar con estas prácticas abusivas. Nuestro objetivo es “hacerle ver al empresario que lleva a cabo esta empleabilidad en negro y que el trabajador entienda que estas situaciones no se puedan dar, porque no podemos negar que en ocasiones también existe picaresca por parte del empleado. Pero la responsabilidad última la tiene la administración a través de inspecciones fructíferas, de una efectiva coordinación entre las inspecciones turísticas y de trabajo amparadas por los datos que manejan las policías locales”.

Concienciación y estudio

Desde el punto de vista de la patronal destaca el Plan de Actuación contra la Economía Sumergida, que lleva a cabo la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL), que junto a la vertiente analítica destaca en este ejercicio el establecimiento de un punto de asesoramiento, que permite sensibilizar, asesorar y ayudar a todos aquellos que desarrollan una actividad de forma irregular, poniendo a su disposición diversos medios, como la propia oficina, el portal web de la CEL o redes sociales, para que empresarios y trabajadores puedan “emerger” y regularizar su situación. La edición en medios de comunicación de vídeos como el que protagoniza Gazz es una de las actuaciones que desarrolla la Oficina de Asesoramiento dirigida por Vicente Stinga al objeto de concienciar a la ciudadanía y más concretamente, con esta nueva acción, a los jóvenes.

A nivel insular, los técnicos de la CEL encargados de desarrollar el proyecto sobre la economía sumergida comentan las dificultades de obtener datos concretos del porcentaje que representa la economía sumergida en el mercado laboral lanzaroteño.

Sí cuentan con otro tipo de datos, gracias a la realización de un sondeo que desveló que una de cada cuatro personas encuestadas reconocía haber trabajado sin contrato. El estudio, que contó con 776 entrevistas, de las que 122 fueron a empresarios, arrojó también como una de sus conclusiones que a la mitad de estos encuestados se les habían hecho ofertas laborales sin contrato y que el 54 por ciento había aceptado el trabajo.

Pero quizá lo más preocupante de este estudio es que el 70 por ciento de la población “ve normal” que los empleados trabajen sin ser dados de alta en la Seguridad Social, según recuerda la técnico Ana Sicilia. Ella explica que el proyecto, que se inició a través de las encuestas a 650 personas y 150 empresas en 2016, prosigue en la actualidad con el análisis a las empresas para contrastar los datos presentados por las empresas en el Registro Mercantil con las cifras presentadas por los distintos organismos oficiales. “Se trata de analizar si los datos de las diferentes fuentes presentan trayectorias paralelas o por el contrario dibujan sendas divergentes que podrían estar señalando la posible existencia de trabajo oculto”, apunta Ana Sicilia.

El periodo de estudio abarcará toda una década, de 2005 a 2015, de manera que se pueda llevar a cabo un análisis a largo plazo. Se incluyen los años de la crisis económica desde 2008, contexto económico que propició que aflorase la economía sumergida, según destacan los técnicos de la CEL, Ana Sicilia y Vicente Stinga.

En el ejercicio 2017 la CEL ha continuado con el programa contra la economía sumergida que ya alcanza sus tres cuartas partes, según explica Ana Sicilia, todo apunta a que los datos que se están recopilando demostrarán finalmente la similitud con los resultados extraídos del análisis directo a través de las encuestas realizadas entre población y empresarios. Ana Sicilia agradece la colaboración de estos ciudadanos teniendo en cuenta que se trataba de una encuesta extensa y de las reticencias de las empresas a colaborar desde un punto de vista que suponía aflorar su condición irregular.

Irresponsabilidad empresarial

El técnico de la CEL, Vicente Stinga, resalta los conceptos de “insolidaridad e irresponsabilidad” en el ámbito de actividades de economía sumergida, dado que el empresario que ejercita su acción de forma sumergida tiene que ser consciente de que no sólo está cometiendo un fraude sino de que se enfrenta a una pena de cárcel por una actuación delictiva. En este sentido, explica que si el trabajador sufre un accidente en esta situación irregular puede ser considerado “homicidio imprudente”.

“De entrada hay una parte social de insolidaridad dado que las empresas que se encuentran en situación regular contribuyen al abono de los impuestos que redunda en beneficio de toda la población y apelamos a esa solidaridad. De otra parte, el hecho de no poder participar de los programas de subvenciones y las consecuencias negativas que supone algo que ya no nos parece una ilegalidad y sanción económica, sino una irresponsabilidad”, subraya Stinga.

En materia de establecimientos de hostelería, cabe resaltar que si estos no están dados de alta y tienen la mala suerte de provocar una intoxicación también se enfrentan a importantes actuaciones jurídicas. La economía sumergida forma parte de nuestro bagaje cultural por ello tiene cierto grado de aceptación. España es el tercer país europeo con mayor índice de economía sumergida.

Mientras tanto, al trabajador que acepta esta situación irregular hay que recordarle también que puede ser objeto de una sanción. En una hipotética situación en la que el trabajador se encuentre cobrando subsidio de desempleo y lo pillen trabajando, tendrá que devolver la cuantía percibida. Del mismo modo que debe ser consciente de que no alcanzará la cotización pertinente.