Algunas de las principales piezas de corrupción de Lanzarote están listas para juzgarse. De otras, como Stratvs o el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, habrá novedades. Se espera que 2021 suponga un avance importante para dejar sentenciadas causas que llevan años de espera. Estas son algunas de las principales:

Caso Jable. La Audiencia Provincial acaba de constituir la Sala que juzgará el que, por volumen económico, probablemente sea la pieza más importante derivada del caso Unión. El juicio ha estado frenado, prácticamente, desde octubre de 2017 en la Sección Segunda de la Audiencia. El acusado Felipe Fernández Camero recusó a los magistrados.

Recientemente se ha designado la Sala que celebrará el juicio, compuesta por los magistrados José Luis Goizueta, Belén Sánchez y Carlos Vielba. La vista se prevé para mediados de año. Están acusadas 13 personas. De ellas, cinco son directivos de Urbaser, por el presunto amaño del concurso en Arrecife, y dos de FCC, por la construcción del pabellón de Argana y el pago de comisiones.

Anticorrupción pide 13 años de cárcel para el fundador del PIL, Dimas Martín, y para la exalcaldesa María Isabel Déniz, por delitos de asociación ilícita, prevaricación y cohecho de manera continuada. El exsecretario Fernández Camero y el exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha se enfrentan a penas de hasta 19 años y seis meses de cárcel y 11 años y seis meses, respectivamente.

Martín y Déniz, junto a Arrocha y Fernández Camero recibieron al menos 757.000 euros en sobornos en metálico y en regalos de las empresa Tecmed, que después pasó a ser Urbaser, y 46.674 euros de FCC, que fueron adjudicatarias de servicios y obras de manera irregular, según Anticorrupción.

Fernández Camero. Otra causa contra el exsecretario de Arrecife está ya pendiente de juicio, en manos de la Sección Primera que preside Miguel Ángel Parramón. La Fiscalía pide seis años de cárcel por el cobro de 971.000 euros del Ayuntamiento de Yaiza “sin control fiscalizador alguno”. La misma pena solicita para el exalcalde, José Francisco Reyes, y para el exsecretario e interventor de Yaiza, y otros cinco años y medio para Antonio Fernández, que sustituía a este último en ocasiones.

El caso nace como pieza separada del caso Yate, en el que se acreditó la ilegalidad en la concesión masiva de licencias. Fernández Camero negó ser el cerebro jurídico, pero cobraba una cantidad mensual del Ayuntamiento. De forma personal o a través de una empresa, percibió casi un millón de euros de Yaiza entre 1996 y 2012. “Una arbitraria expoliación de fondos públicos”, según la Fiscalía.

Montecarlo. En 2020 se condenó el desfalco de 300.000 euros en Arrecife y la Audiencia ha rechazado el intento de dos de los condenados –José Vicente Montesinos y Javier Betancort- de eludir las penas de prisión.

Faltan por celebrarse los juicios de las piezas relacionadas con Inelcon y con Tunera. En ambas piezas figuran como acusados el exinterventor Carlos Sáenz y el exalcalde José Montelongo, por haber autorizado presuntamente pagos irregulares. La Fiscalía pide para Montelongo 10 años de prisión. La Fiscalía sostiene que se abonaron 841.000 euros a Inelcon y Señalcon por “servicios no prestados” y 121.000 a Tunera.

Desaladora. El caso de la incautación de la desaladora de Montaña Roja ha vuelto al Juzgado de lo Penal. La vista oral se suspendió de forma precipitada después de que la defensa del expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, asegurase que emprendería acciones legales contra la jueza al sostener de forma errónea que el caso tenía que juzgarse en la Audiencia. Este órgano provincial ha devuelto el caso al Juzgado de lo Penal, que siempre fue el competente.

La maniobra de la defensa de San Ginés se produjo después de que el exsecretario del Cabildo, Francisco Perdomo, declarase que no se le “pidió informe” sobre la incautación y que “no había estudiado el expediente” de la desaladora de Montaña Roja. San Ginés se expone a una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Stratvs. Este mes de enero vence el plazo para que las acusaciones presenten un recurso contra la sentencia de la Sección Sexta que absolvió a todos los acusados del segundo juicio del caso Stratvs.

La Fiscalía pidió una aclaración de la sentencia, al apreciar deficiencias en la resolución de la magistrada Oscarina Naranjo, como que faltaban hechos de la causa o que no se habían analizado determinadas pruebas. La Sección Sexta ha rechazado aclarar la sentencia y el caso se encamina a un previsible recurso ante el Tribunal Supremo.