Arrecife ultima ya la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio por un plazo de dos años prorrogable a otros dos más y con un coste de algo más de medio millón de euros por cada año.

El pasado 30 de agosto se celebró la mesa de contratación en la que se abrieron los sobres con las ofertas y tan solo se presentó la empresa Clece, del grupo ACS, que ya gestiona la piscina municipal.

La oferta obtuvo cien puntos y se compromete a realizar el servicio con un coste total de casi 17 euros (16,93) y un cálculo, según el pliego, de más de 30.000 horas mensuales.

En el pliegos de condiciones, no obstante, se incluyó un nota aclaratoria sobre los requisitos que debían cumplir las empresas para presentarse.

Según esta nota, respecto a la habilitación empresarial o profesional necesaria, las empresas que se presenten deben estar en posesión de la “autorización administrativa de la consejería competente en materia de servicios sociales y permanecer inscrito en el Registro de entidades, centros y servicios de atención a personas mayores”.

También se pedía la “acreditación de la comunidad autónoma de Canarias que se le exige en la prestación de servicios a personas en situación de dependencia”. Estos requisitos debían cumplirse en la fecha de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.

Sin embargo, según señalan desde la empresa especializada en este sector, El Drago, tras una consulta realizada al Gobierno de Canarias, esa autorización administrativa en materia de servicios sociales aún no existe, aunque sí se contempla en la nueva Ley de servicios sociales pero aún no se ha creado y se necesitará un tiempo para solicitarla.

Desde la empresa dudan, por tanto, de que las empresas puedan cumplir con los requisitos que señala el pliego.

Al concurso tan solo se presentó una empresa. El Drago sostiene que el beneficio anual para la empresa en este servicio de ayuda a domicilio puede superar los 50.000 euros y que con ese dinero se podría mejorar el servicio.

Desde la empresa han propuesto al Ayuntamiento que, en lugar de un concurso, asigne una cantidad por cada usuario y que después las familias contraten a las empresas que del sector, lo que podría ser más barato para la Administración y más útil para el usuario porque el servicio se ajustaría más a sus necesidades.